La iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones y competencia económica que el Ejecutivo y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y PVEM enviaron a la Cámara de Diputados, de ser aprobada y adecuadamente conducida en todas sus fases (desde la reforma constitucional, las leyes reglamentarias y la operación del nuevo arreglo institucional), restablecerá la autoridad en esa rama estratégica de la economía, aumentará la competencia y beneficiará al consumidor, facilitará el cambio tecnológico, ampliará la libertad de información y corregirá una parte de las inequidades de la competencia electoral. La reforma representa un cambio verdadero. Ahora, lo importante es que la voluntad política inicial que la ha iniciado no claudique y se logren vencer los riesgos que se avizoran.
El primer riesgo a superar es la aprobación de la reforma constitucional. Si en los próximos días se le pueden corregir algunos puntos que la perfeccionarían sin alterar el acuerdo alcanzado, sería conveniente hacerlo; siempre y cuando, esas correcciones no lleven a abrir el debate, generar confusión y a reducir sus alcances actuales. Este no es el caso apropiado para ir a una prueba de fuerza sobre la separación de Poderes, ni para distraerse en un debate sobre el Pacto.
Después vendrá la ley reglamentaria. Ahí se harán sentir las resistencias. Las habrá provenientes de los intereses que resultarán afectados. Se expresarán dentro del propio Congreso, a través de voces sindicales, de figuras destacadas, de "especialistas". Habrá que evitar que, con el pretexto de la necesidad del mayor debate, se abra la caja de pandora a la estratagema conocida de identificar los intereses con la libertad de opinión, que esta reforma no limita, sino protege.
El siguiente flanco a cuidar será el del nombramiento de los siete comisionados, incluyendo al comisionado presidente, de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dada su alta responsabilidad es indispensable asegurar que sus nombramientos respondan a la mayor capacidad profesional, honradez y aptitud para el trabajo colegiado. Sería grave que el Ejecutivo intentara controlar los nombramientos por encima del procedimiento constitucional o que los partidos políticos colocaran sus intereses electorales por encima de los del Estado.
Son tantos los intereses que serán afectados o beneficiados por las decisiones del órgano regulador que sus integrantes deben estar sujetos a un régimen especial de transparencia. Antes de proponerlos, investigar exhaustivamente sus historias y vinculaciones. Establecer protocolos que obliguen a la ultra transparencia y a la auditoría anual de sus patrimonios.
La reforma está sujeta a un calendario apretado donde el incumplimiento en alguna de las etapas puede arruinar el resultado final. Hay múltiples labores que, si no están a tiempo, dificultarán el cumplimento de calendarios. La Cofetel y la SCT deben estar provistas de los recursos humanos y financieros que se requerirán para el cumplimento de los tiempos.
El arranque de la reforma ya demostró que hubo una adecuada operación política para evitar que se generaran resistencias insuperables y lograr la aceptación de los principales actores afectados. Durante todo el proceso los intereses afectados deben ser tratados con prudencia para evitar reacciones desesperadas.
Todos esos riesgos son superables. Ahora, el mayor peligro provendrá de la voluntad del Ejecutivo. Si él se sostiene, facilitará su éxito. Sí, por el contrario, intenta cooptar el cambio, muy pronto quedará en evidencia que, más que un espíritu reformista, lo que habría motivado la reforma es un designio autoritario. Es esencial fortalecer los contrapesos. El Congreso deberá establecer controles político parlamentarios que eviten se debilite el avance que representa la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
