El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaratoria de validez de la elección de gobernador de Baja California y la entrega de la constancia de mayoría a Francisco Arturo "Kiko" Vega de Lamadrid, con lo que todo está listo para que asuma el gobierno este 1 de noviembre.
La elección fue impugnada por Felipe Daniel Ruanova Zárate, ahora ex abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno estatal, quien alegó presunta inequidad en la contienda e intervención del gobierno estatal, a cargo del PAN, para favorecer a De la Vega, quien fue postulado por la coalición "Alianza Unidos por Baja California" integrada por PAN, PRD, Estatal de Baja California (PBC) y Nueva Alianza.
En su sentencia, el Tribunal descartó las existencia da las irregularidades denunciadas, pero estableció un nuevo criterio, al validar el derecho de los candidatos a impugnar una elección, aunque el o los partidos que lo postulen no lo hagan.
Con esta interpretación de la Constitución, coincidieron, el Tribunal no asume funciones de legislar, sino que "lo que hacemos es un ejercicio de constitucionalidad para permitir la tutela efectiva de un derecho" a la justicia, expuso el magistrado Constancio Carrasco Daza.
No es posible -insistió el magistrado Carrasco- a la luz de las reformas constitucionales que garantizan y amplían la protección de los derechos humanos, seguir observando una norma legal que excluyó a los candidatos de la posibilidad de impugnar los resultados de una elección.
El magistrado Salvador Nava Gomar expuso que con la resolución ahora se abre la posibilidad de que un candidato -por si solo, aún sin el respaldo de su partido- pueda impugnar el resultado de una elección, lo que antes no era considerado válido.
"Cuando un candidato sí quiere impugnar el resultado de una elección y el partido político no, pues me parece que sí tenemos un problema grave" y por eso propuso una interpretación dirigida a ampliar el derecho a la justicia de los abanderados, "puesto que existe una vinculación entre los candidatos postulados y los resultados de la elección".
"Los candidatos tienen una calidad específica en los procesos electorales (de la que) que no podemos despojarlos. Y en aras de salvaguardar los derechos político-electorales de los participantes en los diversos escenarios de la materia, esta Sala Superior debe situar a los candidatos en la posibilidad real de impugnar", indicó el magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos.
En tanto, el magistrado Pedro Esteban Penagos López consideró que a la luz de lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución federal, que se orienta a maximizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, "las limitaciones establecidas en la ley no pueden suponer la negación del derecho de impugnar".
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa también se pronunció por tutelar el acceso de los ciudadanos a la justicia.
"Tenemos que reconocer la legitimación de los ciudadanos, en su calidad de candidatos, sea cual sea la naturaleza de la candidatura, pero que tengan una vía de tutela judicial", indicó.
Aunque votó a favor por estar de acuerdo en los argumentos centrales, el magistrado Flavio Galván Rivera propuso "reencauzar" el Juicio de Revisión Constitucional promovido por el ex candidato inconforme, por la vía de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano .
Así "estaríamos subsanando una omisión legislativa que deja al candidato en estado de indefensión", dado que la ley aún mantiene la prohibición de impugnar resultados de las elecciones a los candidatos y prevé esa prerrogativa sólo a partidos y coalic
