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Tiene Ayuntamiento amenaza de embargo

Ex trabajadores. En la Junta de Torreón se cuenta con seis juicios por ejecutar en contra del Municipio de Torreón.

Ex trabajadores. En la Junta de Torreón se cuenta con seis juicios por ejecutar en contra del Municipio de Torreón.

FABIOLA P. CANEDO

El Ayuntamiento de Torreón podría ser embargado si no cumple con el pago de seis millones de pesos por juicios laborales de ex empleados municipales.

Rafael Delgado Hernández, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dijo que ya se llamó al Ayuntamiento y se dio un plazo de una semana para que se cubra el monto a los ex trabajadores.

Explicó que se tienen seis juicios por ejecutar en la Junta de Torreón y entre 80 a 90 casos más que se están ventilando en Saltillo, que representan a alrededor de 300 trabajadores de administraciones anteriores que fueron despedidos y presentaron la reclamación.

"Hasta ahorita no ha habido un acercamiento por parte de los abogados externos del Ayuntamiento, no hemos tenido respuesta", comentó.

Señaló que se otorgará un plazo de una semana para hacer válida la solicitud de los ex trabajadores de embargar al Municipio.

Delgado Hernández dijo que en la Junta de Torreón se auxilia a los Tribunales de Saltillo en el desahogo de algunas audiencias confesionales, testimoniales y periciales, expedientes que se remitirán a la capital para que allá se resuelva la procedencia o no de la reclamación de los ex trabajadores.

"Espero que el Ayuntamiento atienda el llamado a la conciliación que le hace el Tribunal obrero-patronal para solucionar este conflicto", indicó.

El titular de la Junta Local dijo que de acuerdo a las etapas en que van los procesos, algunos representan a 20 ó 30 trabajadores, mientras que otros son de 2 ó 3.

Señaló que las denuncias arrancaron desde hace más de dos años y medio, pero apenas están siendo ejecutadas, y han resultado a favor de los trabajadores.

"Sé que son de la administración de José Ángel Pérez y otras de Guillermo Anaya, de trabajadores donde fue rescindida su relación laboral, pero ellos optaron por demandar al municipio, que ha alegado que se trataba de personal de confianza de un rango directivo que no debieron demandar porque eran nombramientos públicos que el Municipio otorgó, no era una relación de obrero-patrón, sino durante la administración".

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