Seguridad. Dirección Estatal de Profesiones solicita autenticación de los documentos para tramitar la cédula profesional, por ello ningún documento identificado como falso fue expedido por esta dependencia.
Los títulos apócrifos de maestro han sido los que más se han encontrado en las revisiones de documentos de la Dirección Estatal de Profesiones: de 20 documentos apócrifos detectados en dos años los títulos de educadores han sido falsos en su mayoría.
Olga González Quiñones, directora Estatal de Profesiones, expresó que no se han recibido quejas directas por parte de los Colegios de Profesionistas por el ejercicio de falsos profesionistas.
Y es que en reiteradas ocasiones la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop) ha denunciado la usurpación de profesiones, entre ellas de arquitectos, ingenieros civiles, abogados, médicos, enfermeras, químicos, optometristas y cirujanos plásticos, pues las personas se ostentan como profesionistas sin serlo.
La directora de Profesiones del Estado expresó que de instituciones de gobierno y privadas solicitan la investigación de títulos profesionales, certificados u otros documentos para comprobar su autenticidad.
Según sea la institución, la Dirección General de Profesiones realiza los trámites y oficios para responder si los documentos son apócrifos, comentó.
En dos años se han investigado 25 documentos, entre títulos y certificados, de ellos 20 han resultado apócrifos y la mayoría de títulos de maestros.
ES DELITO
Los títulos se han detectado cuando los falsos profesionistas solicitan trabajo, ya que la gente de la Secretaría de Educación está familiarizada con formatos y sellos, por ello los identifican y turnan el caso a Profesiones, subrayó.
La directora de Profesiones explicó que al percatarse de la irregularidad en los documentos se envía a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, la cual se encarga del proceso.
Aclaró que la Dirección de Profesiones sólo colabora con la investigación de los papeles. La Dirección Jurídica puede turnar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PRG) y ésta realizar la investigación, es decir, el caso de judicializa.
"Es un delito federal falsificar documentos de educación", enfafizó.
