Firma. De izquierda a derecha, Alfredo Castillo, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y el presidente de la Cámara de diputados, Francisco Arroyo Vieyra, en la firma del convenio entre la dependencia y la Cámara Baja.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aumentó tres veces el número de mangueras despachadoras de gasolina bloqueadas, por servir menor cantidad del carburante que paga el público, y previno que los dispositivos que regulan la medida de litro son de fácil modificación.
El procurador federal del Consumidor, Alfredo Castillo Cervantes, informó que en 70 operativos de revisión del despacho de gasolina han sido inmovilizadas 800 mangueras, lo que da un registro de 12 aparatos inmovilizados, por visita de sus representantes. Anteriormente, el promedio de inmovilización de mangueras era de cuatro por visita a una estación de servicio, y a lo largo del año de unas 10 mil gasolinerías pudieron ser supervisadas nueve mil 315 de ellas.
Para detener esa práctica de fraude y abuso, se deben aplicar sanciones que tengan la fuerza de disuadir a los infractores, que calculan los beneficios contra las pérdidas por inmovilización de máquinas despachadoras. Una nueva Ley Federal del Consumidor será clave para mejorar la protección al público, dijo el procurador en la Cámara de Diputados.
Castillo dijo que un software que se coloca en los equipos de despacho en gasolinerías invalida las alteraciones, pero no hay proveedor disponible para adquirirlo y, en consecuencia, los operadores de las estaciones las modifican "en minutos".
El titular de la Profeco asistió a la Cámara de Diputados a firmar un convenio de colaboración, mediante el cual la Cámara Baja difundirá información de interés para el consumidor en su página de Internet y en los módulos de gestión social de los legisladores, y tratará temas que impulsa la procuraduría en eventos en el Palacio Legislativo.
El presidente de la Cámara, Francisco Arroyo Vieyra, y el procurador firmaron el convenio en presencia de los vice presidentes de la mesa directiva, con quienes compartieron el interés de que se elabore una nueva Ley Federal del Consumidor que dé eficacia a la institución, y tienda a desalentar las faltas, a la vista del tamaño de las sanciones.
El recurso de las multas que imponen los 280 verificadores se envía a los estados y municipios, y a efecto de fortalecer a la institución, el procurador Castillo Cervantes propone que esos montos sean etiquetados a la procuraduría a efecto de ampliar su capacidad de operación.
