El 2013 se caracterizó, esencialmente, por la decepción creciente respecto a los resultados sobre producción y empleo en nuestro país. La economía fue debilitándose a lo largo del año y el ingreso por persona cayó por primera vez desde la recesión de 2009. Fue, sin duda, un año para olvidar.
Esto se debió, entre otros factores, a un crecimiento menor al esperado en EU que limitó la expansión de nuestras exportaciones, un retraso en el ejercicio del gasto público en México y una caída de la masa salarial real (la interacción del incremento del empleo y de los salarios reales), que se tradujo en un magro crecimiento del PIB de alrededor del uno por ciento.
En el terreno financiero hubo diversos momentos de zozobra, la mayoría vinculados con los acontecimientos en Estados Unidos (EU), donde la posibilidad de una disminución de los estímulos monetarios y el debate fiscal contribuyeron a la volatilidad de la cotización del dólar y los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
Esto hizo que no obstante las previsiones de principios de año que colocaban la divisa estadounidense cercana a los 12 pesos, oscile hoy alrededor de los 13 pesos, así como que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa no logre definir a estas alturas si cerrará con pérdidas o ganancias al final del año.
La mayor decepción, sin embargo, fue en el terreno de las reformas estructurales. El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) arrancó el año con mucho entusiasmo, pero según fueron pasando los meses pudimos constatar que hubo mucho ruido y pocas nueces.
En el caso de la reforma de telecomunicaciones, es fecha que no se tienen listas las leyes secundarias y los reglamentos correspondientes, por lo que todavía no hay interés en el extranjero por invertir en ese campo en nuestro país.
La reforma educativa y la discusión de sus leyes secundarias mostraron la "calidad" de los maestros, en particular los de las entidades más pobres del país, que se han dedicado a entorpecer el devenir de la Ciudad de México, además de imponerles un costo irrecuperable de tiempo perdido a miles de niños en el país.
Las autoridades, en lugar de cortar por lo sano, despidiendo e indemnizando a los revoltosos, optaron, de nuevo, por el camino políticamente fácil de, por un lado, hacer que la ciudadanía pague los platos rotos y, por el otro, "comprar" a los huelguistas ofreciéndoles salarios caídos y otros beneficios.
La reforma fiscal, sin duda, fue el fiasco mayor. Por enésima ocasión se optó por el camino políticamente fácil de subir impuestos a los contribuyentes cautivos, introducir mecanismos estatistas de fiscalización, e inventar algunos otros tributos en lugar de transformar, de veras, nuestro sistema tributario.
Lo grave de esto es que tan pronto comiencen a elevarse las tasas de interés también comenzarán a subir los gastos financieros del gobierno, lo que exhibirá las grandes deficiencias de los cambios tributarios y, peor aún, los enormes boquetes que dejará una política de gasto público creciente. No se extrañe, en consecuencia, si este gobierno nos vuelve a endilgar aumentos de impuestos.
La Ley para la Prevención del Lavado de Dinero es otro ejemplo de burocratismo e interferencia gubernamental que aumenta, además, el gasto público corriente del sector público. Se trata, a fin de cuentas, de obligar a los ciudadanos a hacer la tarea por la que se les paga a las autoridades, so pena de castigos desproporcionados por no hacerlo.
Aparte de que según expertos legales esa ley es muy confusa, mal diseñada y atenta contra las libertades que establece nuestra Constitución, su operación a través del sitio de Internet, desde un comienzo, ha estado plagada de problemas. Simplemente no funciona.
Se parece, en eso, al desastre de instrumentación que es en EU el Obamacare, pero allá por lo menos el Presidente dio la cara a la nación, mientras aquí nos tenemos que conformar con comunicados de prensa institucionales.
La reforma energética, tan comentada a lo largo del año y pilar fundamental de los cambios estructurales propuestos por esta administración quizá sea la única que se libre de ser un desastre, pero en este caso, como en muchos otros, el diablo está en los detalles.
No será sino hasta el año próximo que conoceremos las leyes secundarias y reglamentos que serán determinantes para definir el verdadero atractivo de esta reforma. Existe, además, el Referéndum anunciado sobre el tema para 2015, que pudiera retrasar aún más la decisión de los inversionistas extranjeros respecto a si arriesgan recursos en el sector energético de nuestro país. Hay, por tanto, un largo camino por andar antes de ver los frutos de esta reforma.
Deseo a mis lectores una Feliz Navidad y un próspero 2014. Regreso el miércoles 8 de enero.