Dos preguntas que deberíamos hacernos antes de transformar al IFE en INE: ¿Dónde está la crisis política que justifica la reforma? ¿Por qué no se discuten en serio las consecuencias sobre el pacto federal? La reforma político electoral propuesta es una reforma fundacional cuya trascendencia sólo es equiparable a la reforma de 1977, a la de 1991 y la de 1996 -todas precedidas por crisis políticas-.
En 1976, la exclusión de la izquierda y la desolada candidatura de López Portillo obligaron a la reforma del 77. La caída del sistema en 1988 forzó a quitarle a la Segob la organización de las elecciones. Para responder al levantamiento del EZLN y la crisis por el asesinato del candidato del PRI en 1994 se otorgó autonomía constitucional al IFE.
La transformación del IFE en INE es una reforma fundacional que impactará las 33 leyes electorales simultáneamente. Nadie puede explicar con precisión cuál es la crisis que enfrentamos, dónde se quebró el sistema, en 2012 o qué elecciones locales de 2013 nos tienen en esta emergencia. Con honestidad habría que admitir que esa crisis no existe. El sistema electoral mexicano y los sistemas electorales mexicanos (el federal, los estatales y el del DF) sin duda son perfectibles, pero… ¿es necesario refundar el sistema electoral?
Crear un instituto nacional que organice todos los procesos electorales podría no trastocar el pacto federal si estuviese concebido, única y exclusivamente, como un organismo técnico profesional que en adelante organizara las elecciones locales con el consentimiento explícito del Legislativo de cada estado. Sin embargo, los alcances de la reforma exceden este planteamiento. Se pretende, además, quitar a los congresos locales la facultad de nombrar consejeros, unificar calendarios electorales, establecer premisas comunes para el financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos e incluso, establecer infracciones comunes y causales de nulidad. Aunque estas medidas podrían traer beneficios a la democracia mexicana, es imposible negar su impacto sobre el federalismo.
Tanto PAN como PRD proponen reformas importantes a los artículos 73, 115, 116 y 122; sin embargo, niegan que exista una redistribución de competencias entre Federación y entidades. Ante la pérdida de facultades de los estados, el Constituyente Permanente deberá ponderar si los beneficios que se busca obtener son mayores que los posibles perjuicios al pacto federal. Los esfuerzos para obviar ambos debates hacen sospechar que se carece de argumentos serios.
¿La creación del INE exige la sincronización del calendario electoral y las normas de financiamiento y fiscalización? Lo ignoramos, y esto es así porque nadie ha presentado un diagnóstico del (los) problema(s) que esta reforma pretende resolver. Toda reforma electoral, en cualquier país, tiene efectosinesperados, y ésta no será la excepción. Mientras los partidos justifiquen su acrítica exigencia de crear un INE porque es la única manera de "controlar a los gobernadores", mientras no dejen de repetir que es uno de los compromisos del Pacto y mientras condicionen su aprobación a no firmar ninguna otra reforma, no habrá una valoración justa y en sus méritos de la necesidad de la reforma y los alcances que debe tener.
Si hemos de pasar del IFE al INE, si van a sustituir una de las instituciones más reconocidas de la transición democrática, al menos deberían asumir la responsabilidad de hacer público el diagnóstico que revele la agonía del sistema electoral actual.
Consejera electoral del IFE
