La primera referencia que en el norte de México generalmente tenemos de una ciudad moderna son las urbes del oeste norteamericano: cientos de miles de autos circulando por amplias autopistas que se conectan entre sí gracias a complejos sistemas de pasos a desnivel y distribuidores viales. Estas ciudades tienden a ser dispersas, inconexas y costosas económica y psicológicamente para quienes se mueven a través de ellas y, claro, para el medio ambiente. El transporte público en esas ciudades tiende a ser deficiente. Trasladarse a pie o en bicicleta se convierte en toda una aventura. La civilización del automóvil impuso un modelo urbano en donde quien no posee un vehículo automotor es relegado por el espacio físico. Entonces surgen dos categorías de ciudadanos: los que se mueven en coche propio y los que no. Pero en Estados Unidos, a diferencia de México, esta desigualdad es paliada, aunque sea un poco, por las leyes de tránsito que dan algo de orden al incesante ir y venir de las máquinas de cuatro ruedas. Pero la iniquidad prevalece.
En la zona conurbada de La Laguna, como en otras partes del país, la movilidad urbana es concebida como derecho casi exclusivo de quienes conducen automóvil. Y bajo esta premisa, se arman presupuestos y se conciben proyectos de infraestructura. Hacer más rápido el trayecto de los carros es prioridad para los gobiernos. Un puente aquí, una calzada acá, un "crucero inteligente" más allá. Pocos espacios son creados para transeúntes o ciclistas. El transporte público, único medio para la mayoría de los que menos recursos tienen, rara vez se ubica en los primeros lugares de los objetivos de las autoridades. De acuerdo con datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, en la Comarca Lagunera 9.2 de cada 10 pesos que se invierten en movilidad son para beneficio de los automóviles. Sólo seis centavos se destinan para mejorar el espacio público y apenas dos centavos de cada 10 pesos son para el transporte público. Las cifras hablan por sí mismas.
Lo más lamentable del asunto es que no se ve en el horizonte que esta realidad vaya a cambiar, al menos no en el corto ni en el mediano plazo. El alcalde electo de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, ha comenzado a esbozar algunos de los proyectos de infraestructura que tratará de concretar a partir del primero de enero, día en que se siente en la silla. Resulta desalentador que el próximo jefe político de la ciudad más importante de la región mantenga la misma visión de "modernidad" que tuvieron sus antecesores. El fin de semana pasado, el político priista anunció una cartera de obras a realizar con un presupuesto de 800 millones de pesos con una apuesta clara por la infraestructura vial y la conectividad. Entre ellas se mencionan cinco pasos a desnivel, la modernización de un bulevar, el arreglo de 316 cruceros semaforizados y sólo un paseo que sería parcialmente peatonal y de escaso impacto para la movilidad, ya que el objetivo es la reactivación comercial de la avenida Morelos.
Llama la atención que el futuro presidente municipal hasta ahora no haya mostrado un interés claro de echar a andar el proyecto del Metrobús y de dar continuidad al plan de las ciclovías -que sólo concretó una y con muchos problemas- iniciado en la administración que está por terminar. Y llama la atención porque el mismo Miguel Riquelme, después de ganar la elección, declaró que su gobierno privilegiaría a la población de escasos recursos, que es precisamente la que se mueve en la ciudad a pie, en bicicleta o en camión. ¿Cuánto tiempo más deberán esperar estas personas para poder tener el mismo derecho a la movilidad que los particulares que gozan del privilegio de contar con un auto?
Además, como lo mencioné al principio, apostarle sólo a la inversión en infraestructura exclusiva para los vehículos resulta un atentado para el medio ambiente y para el desarrollo de la ciudad misma. Junto con las industrias "sucias", los vehículos automotores son el principal factor de contaminación del aire de las urbes. Por si fuera poco, los niveles de estrés que provoca conducir en una ciudad con leyes de tránsito que no se cumplen y que cuenta con un precario equipamiento vial, en nada contribuyen a mejorar la convivencia y la armonía en el espacio público, que tanta falta hace.
Algunos dirán, con razón, que no es posible que, de la noche a la mañana, se inviertan todos los recursos en medios alternativos de movilidad. Por supuesto que hay problemas viales que deben atenderse. Lo que preocupa es el escaso o nulo interés por esquemas más amigables para el ecosistema y las personas, lo cual se traduce en presupuestos pensados para construir obras aparatosas y costosas que benefician sólo a una minoría de la población. En otras ciudades del país y del mundo se está apostando ya por desarrollar un concepto de movilidad integral que desincentive -ojo, no que prohíba- el uso del automóvil en aras de tener ciudades más democráticas en el aspecto físico. Valdría la pena reflexionar hasta qué punto la segregación en la que se basa el modelo urbano actual propicia fenómenos como la descomposición social y la inseguridad. Tal vez no sea la causa principal, pero algún peso tiene.
Aún se está a tiempo de rectificar. Habrá que ver si el Plan Municipal de Desarrollo toma en cuenta, por fin, la necesidad de la mayoría y contempla, ahora sí, una visión sostenible del futuro de Torreón.
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