El pasado miércoles 13 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 45/2013 a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por la violencia que Teodoro Castro Ruiz, profesor de física de la Preparatoria 9 de dicha institución presuntamente ejerció contra Vanesa Rodríguez, estudiante de 16 años, el pasado 26 de abril.
Los hechos que dieron lugar a la recomendación, que provocó el enfrentamiento verbal entre las dos instituciones, son los siguientes: el 24 de abril el profesor de física le propone a la alumna aprobarla a cambio de sus favores sexuales; dos días después, el 26 de abril, la joven acude a la Oficina Jurídica adscrita a su plantel para denunciarlo, en la misma le comunicaron que el maestro ya tenía antecedentes de lo mismo, pero que nadie había iniciado un procedimiento en su contra, por lo cual le pidieron que buscara evidencias para poder proceder en contra del maestro.
Ante esto, la menor se organizó con dos compañeros suyos: acudió a recoger los resultados de su examen, mismo en el que obtuvo calificación reprobatoria, pero acompañada de un signo de interrogación; al concluir la clase le pregunta al maestro qué significa dicho signo y él le reitera su propuesta, ella le pidió que se lo explicara por escrito y el profesor insiste, ante lo cual la alumna intenta tomar las hojas y salir corriendo del salón, el maestro intenta arrebatarle los exámenes y la agrede físicamente. Los dos compañeros de la alumna filmaron toda la escena, por lo cual hay constancia visual de todos estos hechos.
La alumna regresó a la Oficina Jurídica, entregó los exámenes y los videos y fue valorada en el Servicio Médico, donde le encontraron lesiones menores. Así mismo presentó denuncia en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien por cuestiones de competencia la remitió a la Procuraduría General de la República. La UNAM cesó al profesor 18 días después.
La CNDH afirma que la UNAM no inició un procedimiento de responsabilidades administrativas ante la Contraloría de la propia institución, para eventualmente dictarle sanciones administrativas como la inhabilitación para ejercer la docencia o las que correspondiesen; dos, la UNAM no acompañó a la alumna a interponer las denuncias penales correspondientes; y tres, no tomó ninguna medida preventiva para evitar que se repitan hechos como los que dieron lugar a dicha recomendación.
Hasta hoy (la UNAM tiene hasta el 20 de noviembre para responder formalmente a la recomendación de la CNDH) hay una diferencia explícita en el segundo punto, ya que tanto el rector de la institución, José Narro Robles, como el abogado general Luis Raúl González Pérez, argumentan que sí acompañaron a la alumna a presentar la denuncia; sin embargo, ella declaró, en una estación de radio: "quien nos brindó un abogado fue uno de mis compañeros, él fue el abogado que nos estuvo acompañando, diciéndonos qué hacer, con quién ir" y sostiene que las autoridades universitarias únicamente los acompañaron en el momento del hecho.
Y a juzgar por el hecho de que presentaron la denuncia ante la Procuraduría del Distrito Federal a pesar de que fue cometido dentro de la UNAM, considerado como espacio federal, la alumna tiene razón, pues es un error elemental que no debería cometer un abogado que presta sus servicios en la UNAM y debería saber que fuero es el competente para conocer de los delitos cometidos en los terrenos de la institución.
Así que con los elementos conocidos hasta el momento, todo indica que la CNDH tiene razón y la UNAM, tal como señala el ombudsman, no entendió la gravedad del caso y, por lo mismo, lo minimizó y no le brindó la atención requerida. Hoy que sale a la luz pública al conocerse la recomendación de la CNDH, en lugar de reconocer sus errores, prefiere iniciar un intercambio de acusaciones con el ombudsman nacional.
Lamentablemente las autoridades universitarias, desde el inicio, asumieron que se trataba más de un asunto personal del actual titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien antes de ingresar a dicha institución laboró como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma UNAM, que de una acción estrictamente profesional y eso lo revela el mismo Narro Robles en sus declaraciones el jueves 14: "tenemos que pedirles a los funcionarios que sean cuidadosos, que no hagan generalizaciones, que cumplan los plazos y que no nos den a pensar que porque ya no están con nosotros, porque tienen algún enojo con la institución, porque no cumplieron con sus tareas, ahora toman alguna actitud de esa naturaleza". Otro elemento que hay que tomar en cuenta en este asunto es que González Pérez fue uno de los interesados en llegar al puesto que hoy ocupa Plascencia Villanueva.
El mismo día que se dio a conocer la recomendación de la CNDH, esta dependencia recibió otra queja presentada por otra alumna de la misma preparatoria en contra del mismo profesor, lo cual es muestra del impacto que tiene el perseguir con toda la fuerza de la ley este tipo de conductas, pues sacan del marasmo a una comunidad tan acostumbrada a la impunidad. Despedir a un profesor por delinquir en el aula no es castigo suficiente, hay que iniciar los procedimientos correspondientes para imponer las sanciones administrativas y penales que correspondan y eso fue lo que no hicieron en la UNAM, más vale reconocer un error y enmendarlo que continuar con un enfrentamiento verbal estéril.
