Finalmente fue liberada la torre de la rectoría de la UNAM. El episodio, esperemos que ya fuera de su faceta más crítica y riesgosa, merece no ser simplemente olvidado, sino que debe dar pie a una reflexión más amplia acerca de cómo enfrentar este tipo de desafíos a la Universidad Nacional y, en general, a las universidades públicas.
Lo primero que conviene identificar y distinguir es el origen de los conflictos. En el caso de la toma de la rectoría no fueron decisiones de índole académica o de cambios en la normatividad las que detonaron los sucesos que presenciamos, sino la decisión de las autoridades del CCH Naucalpan de instalar cámaras de vigilancia y de controlar el acceso al plantel para que ingresaran sólo miembros de esa comunidad escolar.
No debe olvidarse que a ese CCH acuden alrededor de 10 mil alumnos, la mayoría menores de edad y que incluso inician su bachillerato niños de 14 años. Por eso, vigilar que no se venda droga, que no entren personas a extorsionar o a robar a los alumnos es una acción básica de una autoridad escolar responsable. Pues bien, esas medidas elementales fueron las que dieron pie a que el 1 de febrero pasado un grupo intentara entrar por la fuerza al plantel, golpeara a los trabajadores sindicalizados que quisieron impedirlo y a que, unos días después, el mismo grupo rociara de gasolina la dirección de la escuela y lanzara petardos. Así, es preciso distinguir con claridad lo que es la protesta legítima de actos que no pueden sino calificarse como delincuenciales.
La sanción a esos actos que dañan el patrimonio de la universidad y que ponen en riesgo incluso la integridad física de alumnos, maestros y trabajadores no puede ser objeto de negociación alguna. Por eso es un acierto que no se cediera a las pretensiones de quienes tomaron la rectoría de retirar las denuncias ante el ministerio público por los hechos en el CCH Naucalpan o de desactivar el proceso seguido por el tribunal universitario. Si la violencia siembra violencia, la impunidad también alimenta más impunidad y abuso.
En la actividad política general, y sobre todo en la vida universitaria, nunca los medios pueden desligarse de los fines. Por eso el recurso a la violencia deslegitima toda reivindicación.
Otro tema que merece atención es el uso y la interpretación de la autonomía universitaria en este tipo de conflictos. Tal como afirmaron los 100 académicos firmantes de la carta "En defensa de la Universidad pública de calidad", la autonomía le da la UNAM "un patrimonio propio", le permite ejercer "sin injerencias sus recursos presupuestales" y salvaguarda el "derecho irrenunciable a las libertades de cátedra e investigación", pero "la autonomía universitaria no quiere decir que nuestra institución sea una ínsula separada del Estado mexicano, al contrario, es parte clave de él. La autonomía no puede ser utilizada por los violentos como paraguas a sus arbitrariedades, como coraza de impunidad." Y cabe reconocer que hasta la fecha esa precisión no ha sido entendida, que quienes han acudido a la violencia y al vandalismo se sienten protegidos por esa mala concepción de la autonomía y que, también, las autoridades no universitarias se escudan en la autonomía para desentenderse de los actos delictivos que llegan a ocurrir en la universidad. Esos usos y abusos de la autonomía no son compatibles con un genuino Estado democrático de derecho.
También es hora de romper con la noción de que ser antiautoritario es sinónimo de ser antiautoridad. Cuando se cuestiona a la autoridad se llega a activar un aura de legitimidad en la protesta que puede incurrir en actos francamente autoritarios como los que vimos en días recientes por parte de los encapuchados.
Y un apunte final, que puede ser el más relevante: si la comunidad universitaria no actúa como tal, si se desentiende de las agresiones que ocurren contra la institución, entonces la universidad se debilita. No hay universidad fuerte sin universitarios comprometidos con ella.
Twitter: @ciromurayama
