Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, urgió a los legisladores mexicanos para que trabajen en la ley reglamentaria de la reforma en la materia, pues ya venció el plazo de un año para que se contara con la nueva normatividad.
Al término de la presentación de la Metodología para la enseñanza de la Reforma en Materia de Derechos Humanos, que se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el experto indicó que "hay señales suficientes por parte de todos los poderes públicos para que no haya una contra reforma", pero hay que mantenerse alertas para que siga intacta, advirtió.
Dijo que hay que entender que la reforma de derechos humanos "no se acabó solo con su publicación en el Diario Oficial, hay artículos transitorios y plazos que suponían la producción de leyes secundarias que no hemos cumplido y que ya estamos fuera de plazo, y por lo tanto exige que todos, desde la ciudadanía, participen y visibilicen que están comprometidos que la reforma se complete y se consolide".
El experto destacó que "ojalá podamos tener unas sesiones, sino extraordinarias, por lo menos ordinarias que le pongan una debida prioridad a completar la legislación secundaria que la reforma secundaria requiere".
Dijo que las leyes secundarias de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 están en la lista de tareas pendientes; recordó que "en la reforma misma los artículos transitorios hablaban de un año de plazo, y lo que estamos es concelebrando el segundo año de la reforma, entonces tenemos que ponernos al día con las tareas que nos quedaron en el tintero".
Para Hernández Valencia la reforma no se quedó en "letra muerta", pero consideró que "va a plantear para los operadores jurídicos, para los abogados, los jueces, para los procuradores, problemas de interpretación que deberían ser más fácilmente resueltos si es que completamos la legislación secundaria".
Advirtió que "el problema que podríamos enfrentar es el de crear una brecha entre un marco jurídico y constitucional sumamente garantista y una realidad cotidiana de los mexicanos que dista de ese disfrute práctico, concreto y eficaz de los derechos".
