La reforma energética debe establecer mecanismos de flexibilidad que permitan diversificar la participación de empresas privadas en el sector y ello revierta la debacle que enfrenta Pemex, tanto en producción de crudo como de sus derivados, que representa un déficit de 420 mil millones de pesos.
Así lo advirtieron especialistas durante la mesa Energía y Competitividad, realizada en el marco de los Foros de Energía del Senado, convocado por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Francisco Barnés de Castro, integrante de la Comisión de Energía, advirtió sobre los altos costos para el sector energético al mantenerse el paradigma de que el Estado sea el único autorizado en la exploración, producción y explotación del sector.
Refirió ante senadores que en los últimos 11 años la suma de utilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) antes de impuestos ha sido de 5.3 billones de pesos.
Sin embargo, expuso, por el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, la empresa ha aportado al presupuesto federal 5.7 billones de pesos, esto es 420 mil millones más que la suma total de sus utilidades.
Esta falta de inversión en la producción de combustibles ha hecho insuficiente el abasto del mercado nacional, por lo que en los últimos años ha sido necesario importar 16 por ciento de las gasolinas que se consumen y 25 por ciento de diesel, lamentó.
Barnés de Castro puntualizó que para dichas adquisiciones al exterior se destinan 62 por ciento de los ingresos derivados de la exportación de crudo.
Sostuvo que es falso el argumento de que permitir la participación de empresas particulares significa la privatización del sector y la pérdida de la renta petrolera.
Ello, debido a que se destinan ya recursos en la contratación de operadores privados que permitan avanzar en la extracción y explotación de los recursos petrolíferos.
A su vez, Ernesto Marcos Giacoman, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Ampespac), consideró indispensable una reforma constitucional que pase de los escenarios probables a las oportunidades reales.
Esto debido a que “es claro que ni la propiedad nacional de los hidrocarburos ni la de Pemex, como empresa pública, están a discusión”, enfatizó el dirigente.
Advirtió que se debe de liberar a la paraestatal de las “onerosas” obligaciones que le imponen al monopolio estatal, modificar su régimen fiscal y, además, permitirle alianzas con otras empresas petroleras estatales o privadas.
Marcos Giacoman consideró que el nuevo estatuto legal de la empresa debe permitirle alcanzar su autonomía fiscal y operativa y ser más flexible para que pueda competir internacionalmente.
Empero, advirtió los efectos de la reforma energética requerirán periodos de gestación y maduración largos, por lo que los legisladores deben tener presente el entorno energético internacional que permita a México hacer de ese sector un pilar del crecimiento.
Bajo estos argumentos, se pronunció porque se establezca un régimen de transición de contratos o licencias para desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente de gas y petróleo de lutitas, así como para exploración y desarrollo de yacimientos en aguas profundas en el Golfo de México.
Consideró que son las prioridades de aplicación a la renta petrolera consistentes a los intereses de largo plazo del país son la inversión pública en infraestructura que promueva el desarrollo nacional; el desarrollo científico y tecnológico, y la equidad integeneracional.
Por ello, comentó, la reforma constitucional debe permitir al Estado mexicano decidir con flexibilidad las modalidades contractuales que más convengan a los distintos tipos de yacimientos que se vayan descubriendo a lo largo del tiempo.
Se pronunció de igual forma porque el nuevo estatuto jurídico permita a Petróleos Mexicanos eludir las restricciones que le imponen los tratados de libre comercio a las compras gubernamentales y, además, tiene que darle preferencia a contratistas locales.
En su turno, el especialista David Shields advirtió que la idea de apalancar la competitividad nacional en el sector energético representa un doble reto para México, pues requiere de diversificar las opciones de producción y abasto de energía.
El experto advirtió que dicha acción implica la importación en casos necesarios, promover las lutitas y la transición fuentes alternativas de energía.
Ante ello, propuso que dentro de la reforma se amplíen las oportunidades de inversión privada a través de contratos y permisos, “para que los inversionistas y las empresas operadoras, no los contribuyentes, asuman los riesgos en los nuevos tipos de explotaciones petroleras”.
Esta diversidad, aclaró, habrá de contar con esquemas que se ajusten a los tipos de explotaciones petroleras sea en aguas profundas o lutitas.
