La serie de robos a restaurantes de Torreón en fechas recientes, tanto en perjuicio de los negocios afectados como en agravio de los clientes, generó diversas reacciones entre las que destaca la del gobernador de Coahuila Rubén Moreira, quién atribuye el origen de los asaltos a un móvil de carácter político.
La teoría de conspiración que lanza el Gobernador, pese a lo descabellada que parece a primera vista, tiene razón. Los robos ocurrieron en dos restaurantes emblemáticos y dos más muy frecuentados y como consecuencia, los asaltos fueron de gran impacto para la sociedad y de mucho riesgo para sus autores, en contraste con el escaso botín que obtuvieron estos últimos.
Además de tales características, los robos en comento son un desplante provocador, porque los ladrones se presentan con el rostro descubierto, seguros de que ni la Policía ni la Procuraduría de Justicia van a reaccionar, lo que sólo puede interpretarse a la luz de la complicidad y como un desafío abierto a la autoridad.
Sin embargo, Moreira se equivoca al argumentar que la provocación tiene por objeto desprestigiar los avances logrados en materia de seguridad por la administración que encabeza, puesto que tales presuntos avances son tan pobres que no ameritan ser blanco de una campaña de desprestigio, que tuviera el solo propósito de generar una percepción negativa en una comunidad, que de suyo no está conforme con los pretendidos avances de los que la autoridad presume.
La motivación política habría que buscarla en el seno de las mismas corporaciones policiacas del moreirato, que se distinguen porque en su interior operan grupos que al margen de las instituciones, ocupan sus propios espacios mediante estructuras paralelas informales y perniciosas, que hoy hacen sentir su presencia y su fuerza en busca de acomodo en mandos y posiciones, en el inminente cambio de gobierno a nivel municipal. He aquí la mezquina lucha por el poder, que constituye el móvil político al que Moreira se refiere.
Lo anterior no supone exageración alguna. Basta repasar la sección regional de El Siglo de Torreón del lunes pasado, para encontrar un reportaje aleccionador al respecto, que revela la denuncia de veinticinco agentes de vialidad de nuestra ciudad, que se manifiestan víctimas de extorsión por parte de uno de los mandos medios de la corporación a la que pertenecen, al que señalan con nombre y apellido.
Los elementos inconformes aseguran que al interior del departamento de vialidad, opera un sistema que les impone el pago obligatorio de cuotas por el uso de motocicletas y patrullas, a las cuales además deben dar mantenimiento y servicio a su costa. Al propio tiempo, los mismos agentes muestran al reportero cartas que dicen haber enviado al Director de Seguridad Pública Municipal para su conocimiento, que contiene la denuncia de la irregular situación que padecen.
Este sistema que propicia la creación de cotos de operación ilícita al margen de criterios institucionales, corresponde al hecho de que las corporaciones policiacas del moreirato carecen de una estrategia integral de protección a la ciudadanía en su conjunto, y la mayoría de sus elementos estén dedicados a servir de guardaespaldas a políticos notables, y a otros personaje de diversas raleas a los que resulta conveniente brindar protección, según la óptica de los intereses del grupo en el poder. A la falta de un plan integral corresponde otra inusitada declaración del Gobernador, según la cual va a dividir la ciudad para su vigilancia en "cuatro cuadrantes", lo que revela que le resulta una novedad el sistema de sectorización que es elemental en cualquier estrategia de seguridad pública, y a ello obedece que haya acabado poniendo vigilancia en áreas restauranteras exclusivas y específicas, como si de custodios particulares se tratara.
La explicación de lo que ocurre es muy simple. La Policía de Torreón y en general las autoridades del Municipio, no funcionan de modo institucional, sino a partir de un poder político externo que responde a compromisos contraídos a espaldas de los gobernados, y que reparte la administración pública municipal en parcelas independientes para su particular explotación.
El gobernador Moreira está obligado a dar una respuesta a este problema porque hasta ahora, el relevo en la administración Municipal de Torreón previsto para fin de año, no ofrece un panorama distinto a lo que hemos vivido los últimos cuatro años.
