El Senado de la República reformó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que los funcionarios que no acepten o no cumplan las recomendaciones emitidas por las instituciones que defienden los derechos humanos, hagan pública su negativa.
En el dictamen aprobado se recuerda que las últimas reformas en materia de derechos humanos establecen que todo servidor público que no acepte una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendrá la obligación de fundar, motivar y hacer público su rechazo.
Al respecto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez explicó que la CNDH podrá avisar a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente, cuando los funcionarios señalados como responsables de violar derechos humanos, no acepten recomendaciones.
Indicó que ante ello las comisiones respectivas deberán llamar a comparecer a los funcionarios o a las autoridades responsables para que expliquen su actuar. El documento se envió a la Cámara de Diputados.
