En el insólito de la temporada, tres organismos cúpula empresariales están uniendo fuerzas para presionar a las grandes cadenas de autoservicio a un escenario de buenas prácticas mercantiles que destierre los tradicionales abusos contra los proveedores.
En el Kramer contra Kramer están la Concamin y la Concanaco, con sus apéndices la Canacintra y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, además del Consejo Nacional Agropecuario.
Estamos hablando de la representación de empresas que generan el 93% del empleo en el país y el 32% del Producto Interno Bruto, con la novedad de que los dos primeros organismos tienen rango de órganos de consulta del Estado.
Sus representantes se reunieron ayer para afinar la estrategia que se bifurca en dos vías: revitalizar el actual Código de Prácticas Comerciales para la Competitividad, o de plano plantear una ley que regule la actividad de negocios entre industriales y el gran comercio.
En el primer caso el nuevo escenario plantearía la posibilidad de dientes, es decir, habría multas para los infractores, cuyo destino sería la creación de un fondo para capacitación de proveedores.
La caldera alcanzó su máxima presión al mantenerse intacto el escenario que hace dos años, colocada en la mesa del Senado una iniciativa de Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Mercantiles, derivó en un pacto de caballeros para desterrar las prácticas abusivas de las cadenas representadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Como entonces, cuando las grandes tiendas realizan una "promoción" para ganar clientela, le cargan el costo a los proveedores bajo el clásico "lo-tomas-o-lo-dejas", constituyéndose un escenario de depreciación de precios.
Como entonces, los pagos se difieren a tres, cuatro y hasta seis meses, por más que hay empresas que están imposibilitadas para aguantar. De hecho, las pequeñas truenan con dos pedidos sin cobro de factura.
Como entonces, existe un trato discriminatorio a los proveedores nacionales, a quienes se les regresa la mercancía sin más explicación que "no pegó", en contraste con los importadores, cuyos productos se mantienen indefinidamente en los anaqueles.
Como entonces, los industriales asumen los riesgos del transporte, llámese asaltos, volcaduras, pérdidas o mermas.
Como entonces, los proveedores están obligados a cubrir cuotas para el pago de campañas de publicidad, además de prácticamente subastarse los mejores lugares de exhibición, es decir, los más cercanos a los ojos de los consumidores.
Como entonces, las cadenas le cortan la relación a la firma que levanta la voz contra las prácticas abusivas.
Planteada la iniciativa de Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales por dos senadores, priista una y panista otro, es decir María de los Ángeles Moreno y Federico Doring, además de dos diputados de las mismas filiaciones, David Penchyna y Alma Carolina Viggiano, la pretensión hablaba de la imposición de multas de entre tres y 10% de sus ventas a las cadenas comerciales que atentan económicamente contra sus proveedores.
Más aún, en caso de reincidencia las tiendas podrían ser clausuradas temporal o definitivamente.
La exposición de motivos señalaba que "las micro, pequeña y medianas empresas, así como los proveedores, quedan en calidad de indefensión ante la fuerza económica de los grandes establecimientos comerciales, siendo obligados a aceptar fuertes contribuciones para seguir en el mercado, o cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva".
La iniciativa se fue a la congeladora ante un feroz cabildeo de las cadenas.
El mismo escenario, sólo que en este caso la posibilidad derivó en la creación de un Código de Prácticas Comerciales para la Competitividad, se dio con una iniciativa similar conocida como Ley Hamdan, dada su paternidad del entonces senador panista Fausi Hamdan.
Planteada hace cinco años como Ley de Establecimientos Mercantiles y Promoción del Pequeño y Mediano Comercio, la novedad era la creación de un órgano de solución de disputas entre las partes.
La exposición de motivos hablaba en este caso de desterrar contratos abusivos con los proveedores "que impidan el acceso a competidores y establezcan precios y condiciones abusivas, que nunca podrán igualar los pequeños y medianos comerciantes.
El artículo 31 del fallido ordenamiento facultaba a la Secretaría de Economía a sujetar los contratos de proveedores a un registro previo "cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los proveedores u obligaciones inequitativas o abusivas".
La pregunta es si la tercera es la vencida.
BALANCE GENERAL
El pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte desechó una propuesta de resolución de la ministra Margarita Luna Ramos que le concedía un amparo al grupo ICA en una disputa contra la Secretaría de Hacienda.
El recurso se interpuso hace tres años contra una disposición que le obliga a los grandes conglomerados que consolidan sus utilidades y pérdidas para efectos de pago de tributos, a cubrir en cinco años los créditos fiscales bajo el concepto de impuestos diferidos.
Bajo el marco anterior se permitía el entero sin fecha de caducidad.
En paralelo, se exigía el pago del Impuesto sobre la Renta sobre los dividendos otorgados por las matrices de conglomerados a sus filiales.
El asunto se difirió hasta que la ministra elabore una nueva tesis.
La disposición contra la que se ampararon centenares de empresas gigantes, apuntaba a inhibir la utilización del esquema en cuyo marco frente a las ganancias de la mayoría de las filiales de un consorcio hay alguna que presenta colosales pérdidas.
CONSULTAS POR EL TPP
Hace unos días llegó al país el alto representante de Estados Unidos hacia el Organismo para la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Atel Keshap, en afán de reunirse con los integrantes del Consejo Asesor de Negocios del organismo en México.
El encuentro se realizó en la fase previa al inicio de la ronda 17 de negociaciones para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), al que se incorporarán nuestro país y Japón.
Justo la intención era conocer la visión del sector privado nacional sobre las posibilidades de México en el esquema que plantea la liberalización total del comercio en un conjunto de naciones que representan el 35% del PIB mundial.
En la APEC concurren países que a su vez representan el 57% de ésta y el 46 del comercio mundial.
Los representantes del consejo de negocios del organismo en México son el director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, y el vicepresidente de Coraza Corporación, Mauricio Millán Costabile.
De acuerdo al visitante, las negociaciones del TPP se terminarán este año.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
barrancoalberto@prodigy.net.mx
