Contradicciones. Cientos de trabajadores le piden al Gobierno de Estados Unidos aprobar la reforma migratoria.
Mientras una comisión del Senado de Estados Unidos se prepara esta semana para votar sobre una reforma amplia a la legislación migratoria, sus promotores observan con cautela si la oposición, hasta ahora relativamente apagada, pudiese crecer y desarrollar el contragolpe feroz que hace seis años frustró el intento previo del Congreso para reformar el sistema de inmigración del país.
En la anterior ocasión, en 2007, había tantas llamadas airadas que abrumaban el conmutador telefónico del Senado y los legisladores sufrieron desde críticas durante asambleas vecinales hasta amenazas de electores indignados. Al final, la iniciativa de ley se derrumbó en el Senado.
"He pasado por esta batalla, y se pone fea", dijo el exsenador republicano Trent Lott, quien apoyó el proyecto de ley. "Mis teléfonos estuvieron abarrotados durante tres semanas y recibí tres amenazas de muerte, una de los cuales le pedí al FBI que la investigara. Es un tema difícil", agregó.
Los partidarios de la iniciativa de inmigración, difundida el mes pasado por un grupo de cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas, han sido hasta ahora cautelosamente optimistas sobre sus perspectivas debido a factores que incluyen el apoyo de la gente a darle la ciudadanía a los inmigrantes.
Otros factores esperanzadores son la amplia y diversa coalición que apoya el proyecto de ley y un creciente estado de ánimo entre los líderes republicanos de que deben atender el tema de la inmigración si quieren recuperar el apoyo de los votantes hispanos.
Los partidarios han estado trabajando duro para construir alianzas y estrategias encaminadas a evitar los errores de 2007, cuando los críticos definieron en gran medida el proyecto de ley y algunos partidarios acabaron volviéndose contra él.
Los opositores reconocen que los partidarios comenzaron mejor organizados y movilizados que la última vez, y también anticipan que habrá más patrocinadores externos a favor de la nueva legislación, entre ellos los esfuerzos encabezados por el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.
