Los encargados del programa de prevención del delito de la Secretaría de Gobernación anduvieron en La Laguna para ver si las autoridades de la zona conurbada habían hecho la tarea que les dejaron hace un par de semanas para definir qué harán con más de 100 millones de pesillos. Pero resulta que eso de hacer la tarea no se les da mucho a los locales, que aún no han articulado una propuesta concreta. Nuestros subagentes comentan que los de Gobernación se reunieron con los alcaldes Eduardo Olmos, Rocío Rebollo, Roberto Carmona y Guillermo del Real y representantes de organizaciones sociales que quieren entrar a esta iniciativa. El problema es que apenas empezaron a evaluar las propuestas y ya traen el tiempo encima, pues los acuerdos entre el Gobierno Federal y los estados deben firmarse en menos de una semana, el 30 de abril.
Nuestros subagentes comentan que sólo Torreón trae una propuesta más o menos avanzada, Lerdo se ufanaba de traer un proyecto que fue rápidamente descalificado porque no cumplía con los requisitos, y Gómez Palacio y Matamoros nomás tienen la mano abierta para que les caiga el dinero. Otro detalle es que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ideas de chile, dulce y manteca, sin orden ni concierto. Y la cosa se complica al tomar en cuenta que algunos funcionarios ni siquiera conocen la naturaleza del programa que fue anunciado desde hace más de un mes. Se dice que hubo unos despistados que todavía comparan este programa con el subsidio federal para seguridad de los municipios, el famoso Subsemun, que se ha vuelto un modelo de ineficacia porque cada municipio reporta lo que quiere o gasta el dinero en cosas que no debe y la Federación lo sigue desembolsando. De hecho, el equipo del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, ha tomado el modelo de operación del Subsemun como un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se confían programas federales a gobiernos locales en materia de seguridad pública. Por lo mismo, comentan los subagentes, los muchachos de Segob quieren apretar las tuercas a las autoridades locales para que se pongan a trabajar, reporten buenas cuentas y no hagan travesuras con el dinero. Se dice que el caso de La Laguna trae un nivel de atención especial pues la Comarca, junto con Acapulco, son los focos prioritarios para prevención del delito en el Gobierno Federal.
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La “guerra” de espectaculares que desataron el PAN y el PRI a través de sus testaferros en el Partido de la Revolución Coahuilense, dejó en evidencia la incapacidad del Instituto Electoral de Coahuila para meter orden en las campañas. Los partidos jugaron las impugnaciones de tal manera que pudieron pasarse por salva sea la parte las medidas que dictaron los consejeros, encabezados por Leopoldo Lara, para retirar los espectaculares que borran la “patita de oso” del alcalde Eduardo Olmos y que vinculan al exalcalde Guillermo Anaya con secuestradores panistas. Como los consejeros del IEPCC nomás ordenaron quitar los anuncios impugnados, tanto el PAN como el PRC se siguieron de frente colocando más espectaculares sabiendo perfectamente que tendría que darse otro procesos burocrático para las quejas. Lo que el IEPCC no quiso hacer fue dejar reglas claras sobre el contenido de los mensajes que los partidos pueden difundir antes de la campaña y darles la orden de no colocar anuncios con este tipo de contenidos. Los panistas mostraron el doble juego que traen cuando, por un lado, se rasgaron las vestiduras por la decisión del IEPCC, que compararon con actos propios de una dictadura y, al mismo tiempo, colocaban más anuncios justo en el momento en que recibían la orden del Instituto de retirar los que ya habían puesto. Con esto se confirma que la autoridad electoral de autoridad no tiene nada.
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Al interior del PRI se intensificaron los jaloneos por las posiciones en la planilla del suspirante a la alcaldía, Miguel Ángel Riquelme. Nuestros subagentes cuentan que las fuerzas vivas del tricolor se pusieron en pie de guerra al conocer algunos nombres que había telegrafiado el candidato como posibles integrantes de su Cabildo, porque no están pintados de tricolor. Por un lado se manejaba la posibilidad de entregar la primera regiduría a un empresario mientras que también se consideraban algunos personajes de la sociedad civil, como la rectora de la UANE, Martha Argüelles, o miembros de organizaciones no gubernamentales. Los priistas ya empezaban a murmurar que la planilla iba a pintarse de varios colores y peor se pusieron con rumores de que también podrían entrar no uno, sino dos blanquiazules, pues al nombre de Luis Gurza se unió el del director de Atención Ciudadana, José Ignacio Máynez, quien hace rato dejó el PAN pero todavía no hace la talacha correspondiente para pintarse de priista. Se dice que don Luis y don Pepe ya no entrarán en la planilla para no alebrestar más a las huestes tricolores, aunque eso no significa que quedarán desprotegidos pues ambos gozan de la estima del gober Rubén Moreira, que sabe ser amigo de los amigos y por lo mismo podrían tener entrada en alguna nómina. En cuanto al resto, todavía está por verse si don Miguel presenta caras nuevas o sale con las mismas de siempre.
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Nuestros subagentes vestidos de verde olivo comentan que en el Ejército hay algunos mandos molestos con el gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, por el desdén con el que el gobierno estatal trató el homicidio de un soldado que estaba asignado al C-4 de Gómez Palacio, en labores de seguridad pública en La Laguna de Durango. El militar fue asesinado a golpes y pedradas por presuntos vendedores de droga, que dejaron el cuerpo a las puertas del Centro de Comando de la Policía Estatal. La molestia entre jefes militares se dio de modo particular porque el soldado estaba trabajando en ese momento para autoridades estatales y se dice que nadie fue para enviar siquiera una condolencia, ni mucho menos para que un representante del gober se apareciera en el velorio, donde algunos militares hicieron comentarios negativos. Para empeorar las cosas, la Fiscalía General del Estado no se movió a tiempo para aclarar el homicidio y los presuntos responsables fueron detenidos por el propio Ejército, que tuvo que aventarse la investigación. Se dice que este caso invitó una comparación desfavorable para el gober Herrera con sus vecinos de Coahuila, donde acaba de entrar en vigor un decreto para dar pensiones a familiares de soldados muertos en labores contra el crimen en el Estado.
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De manera muy callada, la Procuraduría General de la República “pateó” la investigación contra el exzar financiero de Coahuila, Javier Villarreal, y le regresó todo el expediente a la Procuraduría de Coahuila para que siga haciéndose “loca” en el polémico caso de la falsificación de documentos para pedir créditos. Se dice que desde finales del año pasado, recién entrado el gobierno de Enrique Peña Nieto, la PGR le remitió el caso a autoridades coahuilenses y se declaró incompetente para la investigación, que fue lanzada con gran alarde hace un año por el gobierno de Felipe Calderón. Nuestros subagentes comentan que en realidad nunca hubo mucha gana de investigar por parte de autoridades federales, que ni siquiera dieron a la Interpol la alerta que dijeron que iban a emitir para ubicar a don Javier, que ya estaba prófugo en Estados Unidos. Claro que del lado de Coahuila menos les interesa conocer el caso, pues la Procuraduría le perdió la huella desde finales de 2011, de modo que la decisión de la PGR les viene como anillo al dedo pues ya se sacudieron la presión de alguien más investigando el caso. Ahora nomás falta que las autoridades de Estados Unidos también desechen los juicios contra el exjefazo del Satec, cosa que podría suceder pronto, pues se dice que los investigadores en Texas ya toparon con pared y tienen cosas más importantes que hacer.
