El lío legal que llevó hasta la Suprema Corte al alcalde Eduardo Olmos y el tesorero Pablo Chávez Rossique, acusados judicialmente de desacato por no devolver el cobro de un impuesto a un contribuyente que ganó un amparo, no afecta sólo a ambos funcionarios sino que tiene una repercusión mayor en el futuro presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme, y su capacidad para recaudar ingresos. El litigio se dio a raíz de un amparo contra el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y de la orden de un juez de Distrito para que se devolviera el cobro debido a una laguna legal. Aunque el caso ya está en la Suprema Corte, nuestros subagentes de toga reportan que no hay fecha para que se resuelva, lo cual significa que don Lalo y don Pablo podrán navegar el conflicto durante cuatro meses hasta dejar sus cargos, y si devuelven el dinero antes de diciembre salvarían las consecuencias penales de mandar por un tubo a un juez.
Pero los subagentes reportan que hay al menos 300 amparos en proceso contra el cobro del ISAI y basta que sólo cinco casos se resuelvan a favor de los quejosos para sentar jurisprudencia que anule el impuesto que es una de las principales fuentes de ingresos del Ayuntamiento. Por eso el principal preocupado por estos litigios debe ser don Miguel, que podría perder en su primer año una buena cantidad de dinero si es que los amparos prosperan. Pero mientras el Municipio está en riesgo de un “atorón” financiero, los que debieron resolver esta bronca desde hace rato están muy campantes. Se trata de los curulecos locales, tanto de la Legislatura pasada como de la actual, pues desde al menos 2011 se había advertido que las reformas a la ley del ISAI habían dejado lagunas que ahora son aprovechadas para los amparos y pese a recordatorios para que taparan los agujeros, mejor se hicieron patos. A lo mejor los de la pasada Legislatura estaban demasiado ocupados no dándose cuenta de la megadeuda y los de la actual quién sabe qué hacen.
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Otra bronca con las finanzas municipales que le está metiendo ruido a la transición en el Ayuntamiento es la que trae el tesorero Pablo Chávez Rossique con la Auditoría Superior del Estado por los errores en la presentación de las cuentas públicas. Nuestros subagentes comentan que la amenaza de sanciones contra don Pablo que hizo el jefazo de la ASE, José Armando Plata, fue un cañonazo surgido de la Secretaría de Finanzas que comanda Jesús Ochoa en represalia porque el tesorero se ha puesto muy latoso con los reclamos al Estado por no pagar diversos adeudos que tiene con el Municipio. Como don Pablo ha ventilado públicamente algunas de las deudas, en la Urbe de Adobe se habrían visto en la necesidad de ponerle un “estate quieto”, para lo cual don Chuy mandó por delante al auditor superior a pesar de que éste no tiene facultades para sancionar al tesorero. Don Armando, por su parte, se apoyó en la síndico de Vigilancia, Luz Natalia Virgil, quien a pesar de su filiación panista es cuatacha del auditor desde los tiempos en que ambos trabajaron juntos en el gobierno estatal hace algunos ayeres. Claro que don Pablo no tiene mucho de qué preocuparse, pues la investigación de las inconsistencias en las cuentas públicas recayó en su aliado, el vicealcalde (y también contralor) Lauro Villarreal, quien en este asunto juega de juez, parte, fiscal, jurado y hasta rejilla de prácticas, pues él mismo había avalado los estados financieros. Mientras tanto, al alcalde electo, Miguel Ángel Riquelme, se lo llevaron al baile sin comprar boleto, pues aunque es ajeno a todo este lío, la peculiar contabilidad del tesorero ha generado cuestionamientos sobre las finanzas municipales que a su vez le provocan preguntas incómodas sobre el papel que va a asumir en la entrega-recepción.
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El senador panista Luis Fernando Salazar sacó sus dotes de comediante durante el período extraordinario en el que, junto con sus colegas, tuvo que ir a refugiarse a un centro de convenciones porque los maestros de la CNTE los corrieron de su bonito edificio. Resulta que el senador “Resortes” se quiso lucir cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre diputados y senadores y dijo que los primeros eran “como Tin Tan” mientras que él y sus colegas eran “como Jorge Negrete”. Quién sabe qué quiso decir con esto el legislador “Palillo”, porque a lo mejor no se dio cuenta que su jocosidad pudo haber lastimado la sensibilidad de su jefe político, el curuleco Guillermo Anaya, que seguramente prefiere ser galán a comediante, al igual que otros correligionarios caritas, como Marcelo Torres o el duranguense Rodolfo Dorador. Don Luis no pareció conformarse con la célebre frase de López Mateos según la cual el Senado es “el estado perfecto del hombre” y metió el puyazo más adentro. Aunque a juzgar por el circo legislativo que dan diputados y senadores, en realidad todos se parecen a Clavillazo.
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Nuestros subagentes en la tierra de los alacranes reportan que el gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, ha contratado los servicios de un nuevo asesor de prensa para que le dé un realce a su imagen en los medios de la capirucha del esmog. El fichaje provino de Guadalajara y se trata del periodista tapatío, Héctor Moreno, quien hasta el año pasado era operador de medios del hoy exgober de Jalisco, el panista Emilio González Márquez. La habilidad de don Héctor no es sólo dar el “paso de la muerte” con el cambio de partido, sino las credenciales que obtuvo para sacar a don Emilio de más de un apuro mediático. Como aquella vez en que, siendo gobernador, se apareció pasado de copas en una cena con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y dijo que le “vale madre” lo que digan sus críticos, presumió que junto con Su Eminencia estaban haciendo un “buen desmadre” y describió un cheque por 90 millones de pesillos como un “pinche papelito”. O también se recuerda que la gestión de don Emilio terminó marcada por desvíos de recursos en las obras para los Juegos Panamericanos de Guadalajara y por corruptelas de uno de sus colaboradores en el sistema de aguas tapatío. Por eso los subagentes se preguntan por qué será que don Jorge habría contratado a un asesor de medios experto en control de daños. ¿No estará guardando unas sorpresitas para los próximos tres años?
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Y ya que andamos en Durango, al secretario de Gobierno, Jaime Fernández Saracho, le cayó la papa caliente de la inseguridad del transporte en Gómez Palacio y Lerdo, un problema que se ha agudizado ante la creciente ola de asaltos a choferes y pasajeros en las rutas Torreón-Gómez-Lerdo. Subagentes disfrazados de carcachas verdes y rojas cuentan que una comisión de transportistas se reunió con don Jaime para exigirle mayor vigilancia de la Policía Estatal (porque municipal ni hay) pues la que hay hasta ahora es inútil o inexistente. Entre los transportistas ya comienza a rumorarse la posibilidad de un paro en el servicio, como el ocurrido hace dos semanas, lo cual trastornaría la actividad económica en toda la zona metropolitana tomando en cuenta la gran movilidad de trabajadores y estudiantes entre las tres ciudades. El problema va en aumento y amenaza con salirse de control, pero en Durango sólo parecen interesados en presumir los proyectos futuros de transporte sin atender el desastre actual.