El abogado penalista Agustín Acosta Azcón, apoderado de trabajadores que argumentan haber sido víctimas de un fraude de 55 millones de dólares de un fideicomiso por parte del líder minero.
El abogado penalista Agustín Acosta Azcón, apoderado de trabajadores que argumentan haber sido víctimas de un fraude de 55 millones de dólares de un fideicomiso por parte del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que éste debe enfrentar una orden de aprehensión vigente y ejecutable en su contra que fue dictada el 14 de marzo.
El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que había concedido un amparo para efectos al líder sindical, resolvió el 17 de mayo que la nueva orden de aprehensión dictada el 14 de marzo, cumple plenamente los requisitos del amparo y purga los defectos formales.
"Esta decisión desecha así la oposición de la defensa a la nueva orden de aprehensión", insistió el abogado en un comunicado.
Recordó que desde el 14 de marzo, el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal, obsequió una nueva orden de aprehensión contra el líder minero por considerar que existen elementos que acreditan su presunta participación en el desvío de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero F/9645, en perjuicio de los trabajadores.
"Entonces, la defensa del dirigente no ha logrado desestimar ni vencer la acusación por el desvío de los recursos del fondo minero", subrayó Acosta, quien expuso que la orden judicial de captura significa que el dirigente sindical seguirá prófugo de la justicia mexicana, puesto que en caso de pretender ingresar a territorio nacional, las autoridades policiales procederían a su detención.
Mencionó que el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ordenó girar oficio a la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) para que proceda a la inmediata localización del dirigente minero, para ser puesto a disposición del juez federal que conoce de la acusación.
"El delito de la acusación, previsto en el artículo 133 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, es considerado grave y no permite la libertad provisional. Se espera que la PGR solicite a la Interpol la expedición de una nueva ficha roja contra el sindicalista con fines de extradición. Este delito importaría también la suspensión de los derechos políticos", insistió.
Dijo que esta orden de aprehensión reitera la probable responsabilidad de Gómez Urrutia y su coparticipe en la liquidación ilegal del fideicomiso minero: Los 55 millones de dólares destinados a distribuirse entre los trabajadores sindicalizados pertenecientes a las secciones del gremio minero vinculadas a Grupo México. La obtención indebida de estos recursos es la base de la imputación por el delito federal.
Acosta Azcón recordó que el 15 de marzo, el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito también obsequió una orden de aprehensión en contra de Héctor Félix Estrella, cómplice de Gómez Urrutia.
Precisó las fechas de las tres órdenes de aprehensión que se han emitido en contra del dirigente minero: 25 de septiembre de 2012, 13 de diciembre de 2012 y 14 de marzo de este año.
