Denuncia. Existe una restricción para construir de noviembre a febrero en el tramo que comprende el puente El Baluarte, sin embargo, ésta no ha sido atendida.
Ejidatarios de cinco núcleos agrarios de Durango afectados por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán aseguraron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no atendió una restricción para llevar a cabo trabajos en una área protegida y en donde se edificó el puente El Baluarte.
En el oficio CGPA/DGGFS/712/0493/9 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno con fecha 5 de marzo del 2009 y dirigido al entonces delegado de la SCT en Durango, César Faustino Peralta Salomón, en el término octavo se establece una restricción bastante fuerte, explicó el comisionado por el ejido Pueblo Nuevo, José Luis Coria Quiñones.
Señaló que en el mismo documento se habla sobre el período en que se debe trabajar en esta zona que va del mes de noviembre hasta febrero de cada año porque en este lugar existe fauna protegida; "se habla de fauna de ornato, pero en esta zona existen guacamayas que están en peligro de extinción", dijo.
Esta restricción no se ha cumplido porque hasta el momento no existe algún tipo de inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Los ejidatarios señalaron que existe un severo daño ambiental en la zona donde se construye esta rúa porque además las compañías que realizan los trabajos hicieron caso omiso en el sentido de confinar los desechos que se generan a raíz de su construcción y en lugar de utilizar para el depósito de los mismos bancos de tiro que se les proporcionó, decidieron arrojarlos al río Baluarte, ocasionando con ello un grave problema ambiental.
Por eso están solicitado a la SCT que además de que se les pague por el derecho de vía también se les indemnice por los daños colaterales provocados por la ejecución de la infraestructura.
De acuerdo a lo manifestado por el ejidatario Esteban Delgado, la SCT los indujo a que firmaran convenios de ocupación con las empresas que desarrollan las obras como son Omega y Aldesa, esto se llevó a cabo sin la presencia de alguna autoridad ni representante de la Procuraduría Agraria.
"Mañosamente querían que les vendiéramos el metro cuadrado a centavos, cuando el metro cuadrado en esta zona tiene un precio de 200 pesos y la hectárea estaría a dos millones de pesos", aseguró uno de los afectados.
Problema
Aseguran que existe un grave daño natural en la zona donde se construye la súper carretera.
⇒ La SCT no ha tomado los cuidados necesarios, por lo que violenta la ley de áreas protegidas.
⇒ Algunos desechos han sido arrojados al río Baluarte, según ejidatarios.
