Antes sólo queríamos que los votos se contaran y que, además, contaran. Después de largas y tercas batallas cívicas que siguiendo ejemplos anteriores se libraron en los años ochenta y noventa del siglo pasado, la ciudadanía logró montar el sistema electoral más completo del mundo. Hoy en día expertos extranjeros reconocen su importancia y llegan a conocer su estructura.
La integración de un padrón confiable, purgado de muertitos y de abusivas duplicaciones y la credencial con foto que comenzaba a usarse en otros países, pero que aquí se alegaban caras.
Hubo que transformar la comisión federal en instituto con participación ciudadana para organizar con autonomía y neutralidad los comicios en todo el país. Se acompañó de un tribunal independiente para juzgar violaciones. Un nuevo código electoral resultó prolijo para atajar los interminables de fraudes y fechorías registrados por las organizaciones cívicas.
El Consejo para la Democracia, reunión plural de ciudadanos comprometidos, concertó muchas acciones creativas incluso el Primer Foro para Instituciones Democráticas. Así armada la ciudadanía votó valientemente para acabar con un sistema que ahogaba el derecho a elegir gobernantes. El punto de flexión se dio con la instalación por los partidos de oposición, ya sin el PRI, de la LVII Legislatura en 1997. El quiebre del sistema se había dado. Lo que seguía corría a cargo de la propia ciudadanía hacer que los aparatos recién creados trabajasen con libertad atendiendo los mandatos populares y no a los de grupos de poder.
Ahora en vísperas de las elecciones de este siete de julio, la tarea de civilización y civilidad, nos desayunamos a diario con prueba tras prueba de que no hemos alcanzado madurez para la meta de democracia. Hemos construido vehículos de primera clase, incluso a juzgar por su impresionante carestía, pero irresponsables choferes los maltratan y arruinan.
Llevamos acumuladas terribles cuentas de asesinatos y secuestros de candidatos y funcionarios de partidos. Esas violencias ya las habíamos conocido a lo largo de muchos años y hemos retrocedido con la llegada de los clásicos métodos del PRI que siguen contaminando programas sociales. Los órganos electorales federal y locales no están a la altura de sus responsabilidades o no se integran con elementos eficientes o se integran a los intereses de los gobernadores en turno.
Ahora se suma una incontrolada narco-criminalidad, jamás vista, destruyendo cauces de la democracia electoral. Así, tantas elecciones, 1,348 ediles en los 14 Estados y la de gobernador en Baja California, no podrán salir "blancas". Tras de la estabilidad política de la que nos ufanamos internacionalmente está nuestra realidad de macabros episodios de barandilla.
Es tiempo de reflexionar. Con obligado optimismo. La democracia no es costumbre con la que se nazca. Ningún país, ninguno, la ha instalado de un momento a otro. Como cualquiera virtud social, la del respeto al derecho ajeno, la compasión y solidaridad para el desvalido o la vocación porque subsistan valores la aspiración democrática son productos de evolución. La Democracia no es espontánea.
Estamos apenas traspasando la fase de la democracia electoral. Falta la cívica en la que el ciudadano toma las riendas, las efectivas, más allá de las discursivas que son necesarias. Todos los sectores, sin excepción, exigimos seguridad y respeto en estas elecciones. Los organismos empresariales y los de servicio social.
Al gobierno hay que exigirle que asegure métodos democráticos como obligación fundamental.
No hay que desesperar. En estos tiempos, en que todo ha de medirse en dinero, vale decir que el precio de la Democracia es alto, muchos han muerto por ella o han sacrificado sus patrimonios. Pero el costo de no tenerla es aún más en términos de perder las posibilidades de la libertad personal.
A nosotros, este domingo siete, corresponde actuar ante las urnas, como si ya hubiésemos llegado a la democracia. No hacerlo es tanto como admitir que no somos capaces de conquistarla.
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