Los ciudadanos de la Comarca Lagunera amanecen hoy con los nombres de quienes muy posiblemente llevarán las riendas de los ayuntamientos en los próximos años. Una vez que sean presentadas y resueltas todas las denuncias e impugnaciones, las autoridades ejecutivas y judiciales electorales deberán determinar si es válida o no cada elección y, en su caso, entregar la constancia de mayoría al ganador. Saldado este proceso, vale la pregunta: ¿qué sigue para la región y sus ciudades?
Como se ha dicho, las elecciones de 2013 representan un hecho inédito en la historia de La Laguna. Por primera vez fueron renovados al mismo tiempo los ayuntamientos de la comarca entera, dividida política y administrativamente por las entidades de Coahuila y Durango. Este hecho representa una gran oportunidad, a la vez que un enorme reto. Los futuros alcaldes, síndicos y regidores tienen frente a sí la posibilidad y responsabilidad de construir una agenda común de planes y esfuerzos que ayuden a superar los problemas que mantienen a los municipios de la región hundidos en la decadencia.
Los temas de dicha agenda han sido expuestos en numerosos foros, discursos y sondeos. La fenomenología del estancamiento de la región está conformada por la inseguridad pública, la falta de inversión y empleo, la crisis del agua y la caída en la eficiencia de los servicios públicos. Pero para impulsar la solución a todos estos problemas, los nuevos gobiernos deben romper ciertas inercias que actualmente acotan las posibilidades de maniobra de las administraciones municipales.
En primer lugar, la subordinación de los ayuntamientos a los intereses dominantes del partido en el poder estatal impide que las decisiones más importantes se tomen en las ciudades, con el consenso y la participación de la ciudadanía. Obras, programas y acciones son dictadas desde las capitales bajo intereses muchas veces ajenos a las necesidades de los municipios que afectan.
En segundo lugar, la ausencia de un liderazgo legítimo y efectivo entre las autoridades locales es un obstáculo para que puedan sumar los esfuerzos dispersos que existen desde la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de la población y encauzarlos por una misma ruta y con mayor eficiencia. La desconfianza ciudadana hacia la autoridad local está sustentada en gran medida por la opacidad, la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la utilización de programas sociales con fines electorales.
En tercer lugar, las limitaciones en cuanto a la disposición de recursos y la mala administración de los mismos dejan un estrecho margen de maniobra a los gobiernos para atender las enormes necesidades de la población.
Por último, está la nula coordinación entre las autoridades de los municipios laguneros, quienes han sido incapaces hasta ahora de sacar adelante proyectos regionales como el Metrobús y la mejora de la movilidad urbana y suburbana o de abordar desde una misma visión problemas tan graves como la creciente presencia del arsénico en el agua de la red pública. Ni siquiera en la reglamentación han logrado acuerdos sustanciales.
Más allá de los triunfalismos de los ganadores de la elección, el trabajo duro apenas comienza. Ahí está la oportunidad de una coyuntura histórica, de los futuros alcaldes depende aprovecharla o seguir anclados en la mediocridad.
