Sin quemaduras. Aseguran que 80 rescatistas fingieron quemaduras para recibir la indemnización.
Ochenta policías y bomberos de Nueva York retirados fueron acusados ayer de fraude masivo a la seguridad social, tras fingir incapacidad por sufrir traumas como consecuencia del 11-S, según hizo público ayer el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr.
Durante años, los acusados hicieron falsos reclamos de discapacidad mental que costaron cientos de millones de dólares a los contribuyentes federales, informó una nota de la Fiscalía del condado de Nueva York.
Los acusados supuestamente recibieron entre 30 mil y 50 mil dólares al año bajo el pretexto de que estaban completamente incapacitados por trastornos psiquiátricos graves, como estrés postraumático, ansiedad o depresión causadas por sus labores en los atentados contra el World Trade Center del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, desde sus cuentas de Facebook, y otras páginas webs, los policías y bomberos enseñaban fotografías en las que paseaban en jet ski, pescaban en Costa Rica, montaban a horcajadas en una motocicleta o mostraban sus trabajos de pilotos de helicóptero o instructores de artes marciales. El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, William J. Bratton, dijo que los policías retirados que han sido acusados en este caso "deshonraron" a las personas que verdaderamente padecieron el 11-S al "explotar" su implicación en este "trágico día" para su "beneficio personal".
La formulación de cargos dice que los organizadores de esta trama dirigieron a cientos de solicitantes al Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social mintiendo sobre sus condiciones psiquiátricas y fingiendo síntomas con el propósito de obtener beneficios que no tenían derecho.
Según los fiscales, los funcionarios fueron entrenados para aparecer despeinados y desorientados en las entrevistas en las que los médicos evaluaron las solicitudes de discapacidad mental y su incapacidad para trabajar.
Vance Jr. acusó a 106 personas, de las cuales cuatro están señaladas de ejecutar el plan. En el grupo que organizó el fraude se incluye a una abogada de 83 años que trabajo como agente del FBI y fiscal, un consultor de pensiones de 89 años y un empleado público de 61 años que representa a los detectives de la Policía en el sindicato, según aparece en la carta bajo libertad de fianza.
