La reyerta provocada por el alcalde de Torreón Miguel Riquelme, en torno a la Oficina de Convenciones y Visitantes de La Laguna, requiere ser analizada a la luz de la transparencia de las finanzas públicas, asignatura despreciada por nuestras autoridades en Coahuila.
De acuerdo a los antecedentes, la OCV es un organismo formado a raíz de la creación de un impuesto estatal al consumo, que están obligados a cargar los hoteles a sus clientes en las facturas que expiden y que es adicional al Impuesto al Valor Agregado.
El impuesto especial referido encarece los servicios de hospedaje, en perjuicio del desarrollo turístico de nuestra región, por lo que en los días de su aprobación generó la protesta de los hoteleros al que se sumó el resto de la Iniciativa Privada, alegando que en su mayoría el flujo turístico regional es por motivo de negocios y por tanto, el impuesto redundaría en un alza en los costos de producción de las empresas locales, en demérito de su capacidad competitiva.
El diferendo fue resuelto mediante un acuerdo por el cual, el Gobierno del Estado se obligó a gastar el importe de lo recaudado por este concepto bajo la vigilancia de la iniciativa privada, creándose la OCV como órgano burocrático de vinculación de la Secretaría de Turismo de Coahuila, con una Asociación Civil a través de la cual participan empresarios locales.
El esquema funcionó durante años, hasta el mes pasado en que el Director del organismo Gabriel Cornú Máynez, dio a conocer a los medios de comunicación que el Gobierno de Coahuila adeuda a OCV diez millones de pesos de recursos públicos obtenidos del impuesto que continúa cobrando a los hoteleros, lo que desde luego es creíble y consistente con el perfil y trayectoria del Moreirato.
Acto seguido el Secretario Estatal de Turismo, sostiene que la Secretaría de Finanzas está al corriente en la entrega de fondos y asegura que la OCV ha sido omisa de reportar y justificar su gasto frente a las autoridades hacendarias del Estado desde el ejercicio del año dos mil once hasta la fecha, lo que provocó la salida del Director del Organismo y el 24 de julio pasado aparece una declaración de Miguel Riquelme publicada en El Siglo de Torreón, anunciando la intención de que el Municipio de Torreón asuma la promoción turística de nuestra ciudad.
Cabe aclarar que Gabriel Cornú Máynez no operaba como dirigente empresarial, sino como empleado administrativo. Lo anterior quiere decir que en caso de existir la falta de comprobación de gastos que se tribuye a la OCV, tanto la Secretaria de Turismo como la propia Secretaría de Finanzas de Coahuila, son responsables por no haber actuado de manera oportuna y genera la sospecha de que se trate de un linchamiento del hoy exdirector, en venganza por hacer pública la falta de ministración de los recursos por parte del Estado.
A lo anterior se suma la sorpresa contenida en las declaraciones del Director de Desarrollo Económico del Municipio, Jaime Russek, que informa que el nombramiento del nuevo Director de la OVC recayó sobre el Presidente de la Cámara de Comercio de Torreón Carlos Rangel Orona, a quien felicita por su designación y lo invita a instalar las oficinas del organismo en el edificio municipal que en otro tiempo fue sede del Banco de México.
Lo anterior es una carambola a favor del Moreirato: El Gobierno de Coahuila sigue cobrando el impuesto por hospedaje al tiempo que deja de entregar a Torreón el dinero que le corresponde y el gasto para promover al Turismo, en lo sucesivo tendrá que salir de la licuadora de las turbulentas finanzas municipales. Para acallar las protestas que pudieran generarse al respecto, la designación del nuevo Director de la OVC vincula a la Canacoto de modo corporativo y orgánico al Moreirato y divide aún más al de por sí fragmentado liderazgo empresarial de nuestra ciudad. Bien dice Mario Vargas Llosa: ¡No hay límites para el deterioro!
