Desgracia. Miles de víctimas se suman cada año a un mercado cada vez más robusto e impune.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que el grado de impunidad en materia del delito de trata de personas en México es alarmante pues sólo 7.2 % de las averiguaciones previas presentadas en los últimos cinco años ha derivado en una sentencia condenatoria.
El organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva presentó el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, para dar a conocer la incidencia de este fenómeno delictivo.
La CNDH documentó la existencia de un total de 2 mil 105 averiguaciones previas iniciadas en todo el país por el delito de trata de personas, en el período de 2009 al primer semestre de 2014.
Pero de ellas, tan sólo 756 derivaron en una consignación ante un juez: 136 del fuero federal y 620 del fuero local.
"Se tiene registro de 152 sentencias condenatorias (9 en el fuero federal, 143 en el local); esto implica que, de las 2 mil 105 averiguaciones previas iniciadas en el país, únicamente el 7.2 % ha derivado en una sentencia condenatoria", detalló la CNDH en un comunicado.
Dijo que del total de averiguaciones previas, mil 412 corresponden a las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas y 693 a la Procuraduría General de la República: 407 de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), 176 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y 110 de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Según la comisión, Chiapas y el Distrito Federal son las entidades federativas con mayor número de sentencias condenatorias, ya que concentran el 46.7 % de condenas; las sentencias dictadas en los estados de Sonora, Puebla y Estado de México equivalen al 26.3 % del total, lo cual significa que estas cinco entidades concentra el 73 % de las sentencias.
El 83.1 % de las averiguaciones previas corresponde a explotación sexual, 12.4 % a explotación laboral, 3.4 % a explotación laboral y sexual y el 1 % a otras modalidades.
El organismo pidió a los tres órdenes de gobierno destinar recursos para el cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas.
