Agudez. Los activistas mantienen su cerco al Senado y hacen uso de cualquier canal para alertar sobre los riesgos de las reformas.
En el marco del debate en el Senado por la aprobación de las leyes secundarias en materia de energía, organizaciones ambientalistas se pronunciaron para señalar, lo que a su juicio, son posibles riesgos para el ambiente mexicano ante la explotación de recursos energéticos.
Grupos como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunciaron que la reforma antepone las ganancias de los hidrocarburos y la electricidad al interés público de proteger el ambiente y los derechos humanos, dejando en riesgo zonas productivas y de conservación, así como a comunidades indígenas y propietarios de la tierra.
¿QUÉ DICE GREENPEACE MÉXICO?
Respecto a la propuesta de los senadores de sustituir el término "expropiación" por el de "ocupación temporal" Greenpeace México señaló que el cambio de régimen puede resultar peor, pue este tipo de figuras legales traen graves desventajas no solo en el tema ambiental, sino también en caso de accidentes de cualquier tipo, en cuyo caso, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios serán obligados a compartir la culpa con las corporaciones y deberán pagar para reparar daños.
Greenpeace México añadió, de acuerdo a su sitio, que se permitirá la extracción de hidrocarburos en zonas protegidas como Cuatro Ciénegas, Coahuila, Los Tuxtlas y el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan en Veracruz, los Pantanos de Centla en Tabasco, entre otras áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de la franja de reservas probadas y probables de hidrocarburos que el gobierno mexicano y empresas trasnacionales prevén explotar.
ALERTA DEL CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
Por su parte, Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, indicó que "la relación agua-energía es muy estrecha" en el proceso de la industria eléctrica y el paquete energético tiene importantes consecuencias en el uso y aprovechamiento del agua".
Ante esa razón dijo que es preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas.
La situación no podría ser más delicada, por la zozobra generada y la incertidumbre de cómo acabarán realmente las cosas.
