Amnistía Internacional (AI) lamentó la ejecución de Ramiro Hernández Llanas, mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos y a quien se le aplicó la inyección letal a las 18:30 horas en Livingston, Texas.
“Lo que sucedió hoy no fue más que un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayoría del mundo lo que sucedió hoy sería un crimen, pero las autoridades de Texas han tenido el descaro de llamarle justicia”, refirió Perseo Quiroz, director ejecutivo en México de Amnistía Internacional.
En un comunicado, recordó que esta organización denunció que la sentencia de pena de muerte se basó en testimonios de "expertos" de credibilidad cuestionable.
Además de la inclusión del un testimonio de un especialista en salud mental, que fue expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría, aunado a los argumentos racistas de supuestos "expertos" que se incluyeron en el proceso legal.
"En las últimas horas previas a la ejecución de la sentencia, la organización había solicitado a Richard Perry, gobernador de Texas, una moratoria a la sentencia para dar tiempo a que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre la legalidad de ejecuciones en casos de personas con discapacidad mental, como era el de Ramiro", indicó.
Quiroz Rendón refirió que en sí misma la pena de muerte es violatoria de los derechos humanos y contraria a la justicia, y cuando es resultado de "un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida”.
En este sentido, reiteró el llamado de la organización al Congreso de Estados Unidos, a fin de que discuta y apruebe que los estados de este país estén obligados a obedecer las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Además de revisar los casos de mexicanos sentenciados a muerte en la Unión Americana, como lo establece la sentencia de esta CIJ y el derecho internacional. puntualizó.
