Vieja práctica. Se termina la práctica de poner placa atribuyendo las obras a gobernantes. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Dentro de la nueva iniciativa de ley de transparencia presentada por el gobernador Rubén Moreira Valdez ante el Congreso del Estado, fue contemplado que tanto las organizaciones no gubernamentales y los notarios públicos se verán obligados a transparentar cuentas, así como los funcionarios tendrán que rendir declaraciones patrimoniales.
El día de ayer el gobernador Rubén Moreira Valdez presentó la iniciativa de la nueva "Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales", en la cual se proponen nuevas obligaciones en rendición de cuentas.
De acuerdo a lo que se establece se amplía de 26 a 47 las obligaciones de transparencia para todas las entidades públicas, entre las cuales destaca la versión pública de la declaración de servidores públicos en cuanto a bienes inmuebles se refiere.
Las organizaciones de la sociedad civil y fondos públicos que reciben más de 16 mil salarios mínimos deberán divulgar presupuesto anual total, convenios, entrega de recursos públicos, informes de ingresos y gastos, presupuesto anual total de la organización.
Los notarios públicos y oficiales del registro civil, estarán obligados a informar de los servicios que ofrecen incluyendo su costo; su plantilla de personal con el tipo de seguridad social que se les ofrece, así como relación de cursos y programas de capacitación, y en cuanto al proceso de acceso a la información pública se adicionan nuevas formas de presentar las solicitudes de acceso a la información y se acortan los plazos para responder a las solicitudes de 20 a 9 días.
En cuanto al recurso de revisión, se amplían los plazos para interponerlos en beneficio del solicitante de 15 a 20 días; se reduce el plazo para su resolución de 80 a 30 días en total y se acota el término del cumplimiento a 10 días.
Se deberá publicar el estado que guardan las pensiones de todas y todos los trabajadores; así como el padrón de proveedores y contratistas.
Po otro lado, para el para el Poder Ejecutivo se incrementan 61 obligaciones, entre las cuales destacará la publicación de las estadísticas de personas desaparecidas o no localizadas.
Asimismo se termina la práctica de poner placa atribuyendo las obras a gobernantes.
Por otro lado, para el Poder Judicial, se solicitará que sea publicado el directorio de los funcionarios judiciales y administrativos, además de la forma en la que le fue asignada la plaza.
Además se incrementan las obligaciones que los ayuntamientos, los cuales deberán divulgar el listado del nombre de las personas con deudas de carácter fiscal, sobre el servicio médico que brindan a sus trabajadores, el Atlas de riesgo.
De aprobarse, en 6 meses entrará en vigor y su incumplimiento será sancionado según la Ley General de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del Estado.
