El encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, afirmó que en todo momento se actuó en estricto apego al Estado de derecho en el caso de la empresa Oceanografía.
En reunión con los senadores integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a las investigaciones, agregó que el caso aún no está cerrado y que continúan las indagatorias, en coordinación con el Órgano de Control Interno de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante la presidenta de dicha Comisión legislativa, Lisbeth Hernández Corona, el funcionario federal indicó que desde el inicio de la actual administración se efectuaron las auditorías y revisiones correspondientes en dicha empresa.
Se detectó que había incurrido en irregularidades, por lo que se le multó con 24 millones de pesos y una inhabilitación de un año, nueve meses y 12 días, al tiempo que se destituyeron e inhabilitaron cuatro servidores públicos de Pemex, refirió Olivas Ugalde.
Detalló que la empresa tenía nueve contratos, pero incumplió con las fianzas y con la totalidad de los requisitos legales, por lo que se procedió a la inhabilitación.
En respuesta, Oceanografía interpuso tres juicios de amparo e impugnación, de los cuales sólo uno se sobreseyó, en tanto que los dos restantes están pendientes de resolución.
Ante los senadores Lisbeth Hernández Lecona, Dolores Padierna Luna, Jesús Casillas Romero y Mario Delgado Carrillo, Olivas Ugalde planteó fortalecer las facultades de la SFP en materia legislativa para que cuente con mayores herramientas jurídicas en su función.
Sin embargo, reconoció que la dependencia ha cumplido a cabalidad con sus responsabilidades en la transformación y modernización de la administración pública federal, a fin de garantizar dependencias más transparentes y eficaces.
