El Congreso Local aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado.
“Esta práctica de la tortura puede convertirse en un verdadero mal inherente a toda sociedad”, cita el dictamen aprobado.
La nueva Ley tiene como objetivo tomar medidas que prevengan las violaciones a los derechos humanos, así como reforzar las instancias de prevención del delito y la procuración de justicia.
El artículo 17 de la Ley de Prevención de Tortura indica que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante esta práctica podrá tomarse como prueba en un proceso judicial.
Además no tendrá valor probatorio la confesión rendida ante cualquier autoridad policiaca, ni la rendida ante el ministerio público sin la presencia del defensor del acusado.
En el caso de los responsables de tortura, el artículo 18, dice que “estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, psiquiátricos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole que haya erogado la víctima como consecuencia del delito”.
