La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para derogar el indicador “Grado de accesibilidad a carretera pavimentada” para identificar y medir la pobreza en el país.
Con la derogación de la fracción IX del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, se busca que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) deje de usar ese indicador, que no cumple la expectativa de medir la miseria individual.
El documento argumenta que esa medición no permite definir si una persona está en pobreza o no, debido a que el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada no es en sí una necesidad o carencia.
En todo caso es una variable que puede definir el acceso a mercados en economías donde estos se encuentran aislados geográficamente.
El indicador tampoco permite calcular el número de personas que viven en condición de miseria o el grado de severidad de este flagelo; “estimar el número de personas en pobreza y la severidad de ésta es posible, por ejemplo, con la medición del ingreso de las personas”.
Además impide generar estadísticas sobre el tema, pues resultaría ineficiente para los objetivos de dicha medición. Agrega que la reforma es conveniente porque puede excluir de la identificación y medición de la pobreza a aquellas personas que vivan cerca de una carretera pavimentada.
“El acceso a caminos (pavimentados o no) es un indicador que aporta información a nivel comunidad y no a nivel individual, como se requiere para medir e identificar la pobreza. El dictamen garantiza un desempeño adecuado en este proceso de medición”, añade el texto.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, José Alejandro Montano Guzmán, precisó que a causa de este índice, muchos municipios no habían recibido recursos de programas específicos, y “con este cambio habrá más inversión en temas directos”.
Consideró que de esta forma se lograrán mejores inversiones no sólo en casas con piso firme, sino en techos de mejor calidad y en la búsqueda de que las comunidades cuenten con drenaje; “en muchas ocasiones echan las aguas sucias a la orilla de la calle”.
Es obligación del Estado brindar servicios de banqueta, pavimento, drenaje, mejoría en calidad de vida, vivienda, luz y agua, añadió el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A su vez Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez coincidió en que a causa de ese considerando, “había comunidades a las que no entraban los programas sociales porque no podían ser considerados de alta marginación”.
“La accesibilidad carretera y de caminos no siempre dará mejores ingresos a los ciudadanos”, expresó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
Aguilar planteó invitar a funcionarios encargados de la Cruzada Nacional contra el Hambre para que presenten datos, con base en los cuales la comisión emita una opinión sobre la necesidad de recursos para mejorar la aplicación del programa, que entregarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El también diputado panista Mario Alberto Dávila Delgado solicitó, en su momento, dejar abierta la sesión para comenzar a trabajar en el proyecto de presupuesto que cubra las necesidades y requerimientos del sector.
