El enfrentamiento del alcalde Miguel Riquelme Solís con la ONG Participación Ciudadana 29 (PC 29), sienta un mal precedente en la relación entre la autoridad municipal y los ciudadanos de Torreón.
PC 29 ha venido exigiendo una auditoría a Simas desde hace un año y no quita el dedo del renglón. Riquelme se duele de que la administración de Eduardo Olmos firmó un contrato de prestación de servicios con el despacho Fisco Capacitación S.C., para realizar la auditoría solicitada en el período de 2010 a 2013. El contrato implica honorarios que Riquelme se niega a pagar, pretextando que habría sido firmado por Ricardo Segura Montaña, miembro de PC 29, lo que a juicio del Alcalde entraña un conflicto de intereses.
El Alcalde señala la presunta inmoralidad con expresiones estridentes: "Quieren sangrar al Simas... no tienen calidad moral... persiguen intereses económicos y políticos...": Al final, Riquelme concluye con una expresión digna de Fidel Castro: ¡Basta de exigencias a la autoridad!
El mismo Riquelme proporcionó a los medios de comunicación copia del contrato, que con sólo leerlo opera en defensa de los acusados. Del contrato se desprende que fue firmado por la ex Directora de Servicios Administrativos del Municipio y por el ex Contralor Lauro Villarreal, en el marco jurídico de Adjudicación Directa. Como consecuencia, el Gobierno Municipal que hoy preside Riquelme es el único responsable tanto de haber o no cumplido con la legalidad en la contratación, como de los elementos materiales relativos al precio y calidad de los servicios pactados.
El contrato también está firmado por el representante legal del despacho contable, pero contrario a lo que afirma el Alcalde, no aparece la firma de Ricardo Segura, ni se desprende que dicho personaje esté vinculado a los contadores contratados en ninguna forma. En cualquier caso, si Riquelme considera que el contrato es un fraude, que les reclame a los funcionarios de la pasada administración que están implicados.
El caso de Fisco Capacitación, S.C., es semejante al de los exabogados del Simas en materia laboral, que días atrás fueron exhibidos en los medios de comunicación como responsables de los laudos que por despidos injustificados, condenan al Simas al pago por más de trece millones de pesos. Quienes mal gobiernan en el Estado de Coahuila y en el Municipio de Torreón, son contundentes: Todos tienen la culpa del desastre político, económico y social, menos ellos.
A esa luz, los ciudadanos que interactúan con el Moreirato a nivel estatal o municipal, en Consejos de Participación; como proveedores de bienes o servicios o de cualquiera otra forma, están condenados a la complicidad delictiva o al desprestigio y finalmente, a las dos cosas.
El exabrupto del Alcalde Riquelme es una cortina de humo para descalificar a los ciudadanos que exigen transparencia, porque está claro: Riquelme no quiere la auditoría y se opondrá con todo con tal de tapar las trapacerías de la administración anterior. Frente a la quiebra del Simas, el enorme pasivo de las finanzas municipales, la postración de los servicios públicos en Torreón, y la megadeuda pública de Coahuila, la descalificación que hace el Moreirato en contra de PC 29, por boca del Alcalde, es ridícula.
El Moreirato pretende que el debate público no gire en torno de la transparencia y la rendición de cuentas que son su responsabilidad, sino en torno a la calidad moral de todo ciudadano que se atreva a ejercer su Derecho Constitucional de Petición, haciéndole reo de linchamiento mediático. Después de todo: Calumnia que algo queda.
Si Riquelme quiere hacer creer a los torreonenses, que Moreira, Olmos y el propio Alcalde son blancas palomas y los activistas de Participación Ciudadana 29 son gente de lo peor, está perdido.
