Los hechos de Tlatlaya e Iguala que ponen a prueba al gobierno de Enrique Peña Nieto y a México entero, incluso en los foros internacionales visores del respeto a los derechos humanos, son el resultado de una política de confrontación irresponsable del Gobierno Federal, en contra de la oposición y la disidencia.
No quiere decir que algún miembro del gabinete presidencial haya ordenado de modo expreso y deliberado la comisión de las matanzas, pero el resultado corresponde a un estilo político autocrático y sobrado, que procede al margen y por encima de las instituciones y de los derechos fundamentales de las personas, lo que resulta del todo impertinente, así se haga valer el argumento de enfrentar a la delincuencia organizada.
Ahora se entiende por qué el entonces presidente Felipe Calderón, prefirió asumir los riesgos y el relativo fracaso institucional en el episodio del "michoacanazo", evento iniciado el 26 de mayo de 2009, en el que la Procuraduría General de la República ejerció sin éxito, acción penal en contra de treinta y cocho funcionarios públicos, incluyendo alcaldes, exalcaldes y mandos policiacos tanto de medio como de alto nivel, de los gobiernos estatal y municipales del Estado de Michoacán.
La política presidencial no logró el respaldo que esperaba de la sociedad mexicana, y fue abandonada a su suerte por medios de comunicación, partidos de oposición y factores reales de poder de toda clase, quedando el Presidente aislado con apoyo de su partido y una porción de la ciudadanía que a pesar de las dificultades, mantuvo la fe en la ruta larga del derecho y las instituciones asumida por Calderón.
Aprovechando las circunstancias, los nostálgicos del viejo régimen priista comenzaron a invocar en aquellos días la necesidad de un gobierno de mano dura, lo que sumado a la mala memoria colectiva, hizo olvidar a muchos que precisamente el agotamiento de ese estilo arbitrario y represivo, motivó la alternancia en pos de un gobierno basado en la vigencia del estado de derecho y en la plena funcionalidad institucional.
Peña Nieto inicia su régimen con la celebración del llamado Pacto por México con la oposición, que le permitió en dos años sacar adelante reformas estructurales que durante dos décadas, el propio PRI mantuvo atoradas.
Una vez conseguidas las reformas, el sistema priista absorbido en un torbellino de soberbia, emprende una campaña de espionaje y desprestigio en contra de la oposición de diestra y de siniestra, que lo mismo implica a diputados panistas de fiesta en Puerto Vallarta; a comunicadores como Pedro Ferriz de Con; a los autodefensas de Michoacán; a la administración perredista responsable de la Línea Doce del Metro, etcétera, para culminar en verdaderas golpizas mediáticas con razón o sin ella, en contra de gobernadores de oposición como son los casos de los Estados de Guerrero y de Sonora, que curiosamente tendrán elecciones locales empatadas con la elección de diputados federales el año entrante.
En el caso de Guerrero ninguna de las partes tiene razón; la estrategia en contra del gobernador perredista de origen priista Ángel Aguirre, produce el enfrentamiento de intereses de diversa índole, todos contra todos, en una entidad en la que coincide la actividad delictiva de hasta diez cárteles, abigarradamente asociados en algunos casos a los cacicazgos ancestrales y lo que es más preocupante, a los partidos políticos dominantes en el estado.
El episodio de Iguala que inició con la entronización de un candidato al gobierno municipal que se presume apoyado por el narco, culminó con la matanza de al menos diecisiete personas y el secuestro de cuarenta y dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que a estas alturas estarán muertos o sumergidos como rehenes en las profundidades de la sierra guerrerense, al estilo de la guerrilla colombiana.
Si la intención de los adversarios del PRD, PT y del Partido Movimiento Ciudadano en el caso del Municipio de Iguala, fue la de exhibir la complicidad de los gobiernos locales de izquierda con las bandas criminales, el desenlace terrorista, criminal y eventualmente suicida implicado en la matanza y en el secuestro múltiple, sacude los cimientos del Gobierno Federal en turno.
