La Cámara de Diputados aprobó el esquema de rescate de Pemex y CFE, por lo que el Gobierno federal asumirá una parte del pasivo laboral de pensiones y jubilaciones.
El rescate, aprobado en lo general por 327 votos a favor, 125 en contra y una abstención, y que implica 1.1 billones de pesos, está incluido en las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En lo particular, la votación quedó 326 diputados a favor y 113 en contra.
Después de dos horas de debate, los diputados establecieron dos condiciones para dicho rescate: Que los sindicatos asuman un plan de austeridad y que se realice una auditoría sobre el pasivo laboral de ambas empresas.
En la primera condición se señala que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto, Pemex y CFE deben alcanzar un acuerdo con sus sindicatos para modificar sus contratos colectivos de trabajo y aplicar un programa de austeridad en el gasto.
Las modificaciones al contrato colectivo deberán contemplar además "que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro".
También se debe dar un cambio gradual "a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal".
En la segunda condición, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará una auditoría respecto del pasivo laboral de ambas empresas, con el objeto de identificar las características de la obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas.
El dictamen, impulsado por PRI, PAN, PVEM y PNA, establece que la auditoría deberá concluir a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del decreto.
La ASF, además, procederá a fincar responsabilidades, incluso penales, en caso de que detecte actos ilegales.
