La Comisión de Justicia del Senado aprobó la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Ejecución de Penas, en la cual se establecen herramientas para que, en casos de delitos no graves, las partes en conflicto puedan llegar a la conciliación y así evitar llegar a un proceso penal.
El presidente de la Comisión, el panista Roberto Gil, explicó que existen dos momentos en los que las partes en conflicto podrán emprender una conciliación.
El primero, dijo, cuando se hace denuncia al Ministerio Público de la existencia del conflicto y otro cuando ya se hizo del conocimiento de un juez.
El dictamen establece la obligación de las Procuradurías federal y estatales, así como de las salas del Poder Judicial, de contar con juntas restaurativas, donde las partes involucradas tengan posibilidad de emprender una conciliación, acuerdos o convenios para dar solución a su conflicto.
En las negociaciones no se limitará la presencia de los abogados del demandante o demandado, salvo que no se encuentre uno de ellos.
Gil precisó que dichas salas contarán con mediadores y facilitadores que ayudarán a las partes a encontrar una vía de conciliación. Éstos habrán de cumplir requisitos de certificación por el Ministerio Público y la Conferencia Nacional de Procuradores, así como una capacitación y profesionalización continua que implica 100 horas al año.
La secretaria de la Comisión, la priista Arely Gómez González, precisó que los mecanismos de solución alternativos son de respaldo a los juicios orales, cuya aplicación comenzará en 2016.
La legisladora detalló que el objetivo es eliminar la carga procesal en los juzgados, así como la sobrepoblación en centros penitenciarios, en especial con personas que no cometieron delitos graves.
"Los acuerdos reparatorios entre la víctima y ofendido y el inculpado sólo podrán realizarse en delitos que se persiguen por querella, culposos", precisó.
