Dolor. La cantidad de menores desaparecidos aumentó considerablemente en los úlimos años, de ahí la urgencia de generar modelos de prevención y ayuda.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos, a fin de contar con una base de datos eficaz en el tema.
El presidente de esta instancia legislativa, José Francisco Coronato Rodríguez, dijo que la ausencia de esa información que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar esos datos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, "dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas".
Precisó que esta ley permitiría establecer un sistema de registro que compile y deje a disposición de las autoridades correspondientes los datos esenciales para la identificación de los menores desaparecidos.
Además, indicó, se contaría con una base fidedigna y eficaz para conocer la magnitud del problema y daría a los responsables de impartir justicia un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización que facilite sus labores en la investigación del ilícito.
También, se tendría, por obligación, un soporte de datos de ADN de los menores desaparecidos, que permitiría a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto sería únicamente para la localización de los niños.
La Procuraduría General de la República (PGR) calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad, siendo el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco las entidades donde se registra el mayor número de casos.
Se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50 mil dólares por ellos.
Mencionó que no contar con una base de datos oficial resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, sólo debajo del narcotráfico, con ganancias de 32 mil millones de dólares al año.
"A través de este producto normativo, se pretende tanto garantizar los derechos de la niñez como tener cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido", subrayó.
En consecuencia, se situaría el país a la par de España y Guatemala, naciones que cuentan con un registro forense civil.
