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El ayuntamiento de Torreón no respondió en el tiempo marcado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) la recomendación emitida por el cierre de calles sin autorización, por lo que la autoridad local podría ser requerida por el Congreso estatal para que explique la negativa.
El segundo visitador de la CDHEC, David Omar Bocardo, dijo que una vez vencida la prórroga de 30 días hábiles que fue dada al ayuntamiento para dar contestación, la Comisión envió una petición de los avances existentes para su cumplimiento.
"Se envió una solicitud al Municipio para que informe cuál ha sido el cumplimiento que se está dando a la recomendación (...), si no (hay respuesta) se les señala que (...) se podrá dar visto al Congreso del Estado para que determine si es procedente citarlos y digan cuáles son las causas del incumplimiento", explicó.
La fecha límite para dar respuesta a la recomendación 03/2014 del pasado 26 de febrero fue el miércoles 21 de mayo y hasta ayer la Comisión no la había recibido.
La queja fue presentada por un ciudadano fue "por la violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de negativa en la prestación de servicios en materia de vías de comunicación y omisión de sanción legal", según el expediente.
De acuerdo al artículo 130 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila "cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público a quien se dirigió la recomendación, deberá fundar y motivar por escrito y hacer pública su negativa, y atender los requerimientos del pleno del Congreso del Estado, o en sus recesos, de la Diputación Permanente, a fin de comparecer ante dichos órganos legislativos, y expliquen el motivo de su negativa".
La ley indica que la Comisión y el poder legislativo analizarán y determinarán si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público son suficientes.
Señala que la notificación de insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, obliga a la autoridad o servidor público a quien se dirige a informar dentro de los diez días hábiles, si continúa en la posición de no aceptar o cumplir la recomendación.
De reiterar la negativa, dicta que la Comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa correspondiente, a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.
