Las candidaturas no partidistas fueron reconocidas en la Constitución y serán reglamentadas en la nueva legislación electoral, sin embargo, según las filtraciones que han divulgado los medios de comunicación, con los requisitos que establecerán para obtener el registro y las condiciones en las que participarán en las contiendas, los legisladores las están cancelando de hecho.
De acuerdo a la información que publicó el periódico Reforma el pasado jueves 25, les exigen cumplir requisitos desproporcionados en relación a los que deben cumplir las organizaciones que busquen convertirse en partidos políticos y les otorgan condiciones sumamente desventajosas. En síntesis los requisitos son mayores y las condiciones son más desfavorables.
Para ponerlo en términos muy concretos: A una organización que pretenda obtener su registro como nuevo partido político le piden juntar 220 mil firmas y celebrar asambleas en 20 estados o 200 distritos electorales y tiene 12 meses para realizarlas; y una persona que pretenda contender por la Presidencia de la República le solicitarán 783 mil firmas distribuidas en 17 estados y tendrá 4 meses para juntarlas. Una vez que obtenga el registro el partido político contará con un financiamiento equivalente al 2.6% del monto total de que se disponga para dichos efectos; el candidato no partidista contará con una tercera parte de eso. Y exactamente lo mismo sucederá en los espacios a los que tiene derecho en radio y televisión.
Así las dirigencias y líderes parlamentarios de las 3 principales fuerzas políticas del país, repiten la misma receta que ya aplican en el caso del registro de nuevos partidos políticos: Incrementar los requisitos de entrada y el porcentaje necesario para conservar el registro. Ahora la Constitución y las leyes reconocen y regulan las vías para abrir la vía electoral a nuevas organizaciones y candidaturas no partidistas, pero con condiciones tales que en realidad las hacen inviables. Finalmente, lo importante es, en los hechos, reducir el número de fuerzas políticas y mantener el monopolio del registro de candidaturas, aunque formalmente estén permitidas.
De hecho después del 2000, las reformas electorales aumentan las dificultades para el registro de nuevas fuerzas políticas y, en ésta última, inclusive incrementaron al 3% el porcentaje de votación que debe obtener una fuerza política para mantenerlo, con lo cual también pretenden disminuir el número de partidos. Primero duplicaron el número de firmas y de asambleas requerida para solicitar el registro; después, establecieron que los nuevos registros se podrían realizar únicamente después de una elección presidencial, con lo cual estrechaban la puerta de entrada por 2 vías: Abrirlo cada 6 años, en vez de cada 3 como sucedía antes; y dos, obligarlos a que el primer refrendo en las urnas lo hagan en una elección intermedia, donde la dificultad de obtener votos se incrementa sustancialmente; y finalmente, elevaron el porcentaje de votación requerido para mantener el registro al 3% de la votación.
Desde siempre los partidos de reciente registro compiten en condiciones muy adversas, pues les corresponde poco más de la mitad del financiamiento que obtenía un partido político que hubiese obtenido apenas el 2% de la votación; pero el impacto es todavía mayor porque eso también condiciona el financiamiento privado, ya que el público siempre debe prevalecer sobre el privado. Obviamente eso se agudizó con la reforma del 2007, pues también incluye la presencia en radio y televisión.
El incremento del 2 al 3% de la votación como requisito para mantener el registro pone en riesgo la permanencia de 3 partidos políticos en junio del 2015: Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que en las elecciones del 2009, las últimas intermedias, obtuvieron 3.9%, 2.6% y 3.6%, respectivamente. Porcentajes que harían perder el registro a Movimiento Ciudadano y apenas permitirían conservarlo a los otros dos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que las condiciones se modificaron sustancialmente en estos 6 años y en los tres casos los colocan en posiciones de mayor debilidad: Al PT y MC, porque ahora ya no contarán con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, que en las próximas elecciones se preocupará por obtener el registro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo cual hará en parte arrebatándoles votos a estas 2 fuerzas; y en el del Panal, porque su líder, Elba Esther Gordillo, ahora se encuentra en la cárcel y no es muy seguro que el SNTE los apoye. Así que es prácticamente un hecho que el número de partidos con registro, que hoy es de 8, disminuirá tras la elección del 2015.
El beneficio será para los partidos que mantienen el registro, pues no únicamente ganan más posiciones electorales, sino también incrementan sustancialmente su financiamiento público y sus espacios en radio y televisión, porque ahora la bolsa total es independiente del número de partidos políticos y, por lo tanto, en automático les tocará más.
Los 3 partidos políticos con mayor participación electoral (PAN, PRI y PRD) se cartelizaron y se dedican fundamentalmente a defender e incrementar sus privilegios, por lo cual no hay porque sorprenderse de que ahora también les cierren las puertas a los candidatos no partidistas, simplemente con congruentes en su actuación: Están cuidando su negocio. Así de sencillo.
Y la fórmula que adoptaron es histórica en México: consagrar en la Constitución derechos que son conculcados o nunca regulados en las leyes secundarias y de esta manera nunca se hacen realidad y menos exigirse, en términos generales eso había prevalecido para los derechos sociales (salud, vida digna, vivienda, entre otros) ahora lo hacen extensivo a los derechos políticos.
