Negada por su director general, Emilio Lozoya Austin, una posible afectación a Petróleos Mexicanos en el alud que representa el caso Oceanografía, lo cierto es que la caída de su principal contratista no sólo le provoca un grave desprestigio, sino pérdidas multimillonarias. La carambola es de mil bandas.
De entrada, la graciosa huida del barco Goliath, de bandera panameña, pignorado por la empresa encabezada por Amado Yáñez, deja trunco un proyecto de ductos submarinos en la Sonda de Campeche, anunciado como la panacea para incrementar la productividad del aún venero mayor del país.
De acuerdo a la paraestatal, el aumento sería del 12%.
El colosal navío reclamado por la empresa noruega Novak Tillistmann llevaba en sus bodegas centenares de tubos para realizar la tarea… que le entregarán en teoría a Pemex en algún lugar de la costa francesa.
El costo de la tubería es de dos millones de dólares.
En el entramado del tráfico de influencias, Oceanografía obtenía contratos a granel, que luego los compartía con empresas outsourcing, la mayoría de las cuales está desertando ante la posibilidad de ser salpicadas. Una de ellas, por ejemplo, el Grupo Impulsor del Sur, empresa encabezada por Fabián Narváez Tovar, está siendo investigada por el Servicio de Administración Tributaria por reportar actividades inexistentes y no hacerlo con las reales. La compañía tiene dos aviones: un Falcon 20, matrícula NG13 PB y un Gutman identificado con la clave N556SL. Desde otro ángulo, el destape del escándalo descubrió que la firma arrendaba barcos para ponerlos al servicio de Pemex, vía una empresa llamada Caballo Frión Arrendadora, que se ubicaba como subsidiaria de la firma en el banquillo.
Naturalmente, en la posibilidad de ser incautados por el gobierno, los navíos están saliendo de las costas mexicanas. Los contratos de arrendamiento señalan expresamente como causal de anulación el que la arrendataria sufra una huelga o sea objeto de requisa.
Hasta hoy, de los 80 barcos que presumía como propios la empresa, sólo cuatro están en opción de embargo precautorio. Estamos hablando de navíos pequeños que se utilizaban para el traslado de personal o abastecimiento de víveres para trabajadores de mantenimiento de plataformas. Digamos que aunque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes quisiera mantener vivos los contratos de la empresa incautada mientras se venden sus activos, no tiene infraestructura para hacerlo.
Más allá, la caída de Oceanografía dejó en el aire la construcción de un muelle para servicio de Pemex en La Paz, Baja California Sur.
La obra, que debía ser entregada hace un año, está a sólo el 30%. El contrato está plagado de irregularidades.
De entrada, la contratista, es decir, la Subdirección de Administración de Pemex Refinación le dejó la tarea a una firma ajena llamada Triple III, sin que existiera ninguna razón técnica, dado que la Subdirección de Finanzas y Administración de la propia filial de Pemex cuenta con una Gerencia de Contratos, en tanto la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria cuenta con áreas responsables de obra pública.
La intermediación innecesaria provocó que el contrato se encareciera en 30 millones de pesos… los que se le pagaron a Triple III.
La filial adjudicó la obra por vía directa sin pedir cotizaciones alternas para justificar el costo. El caso es que siendo Triple III una empresa sin nexos de organigrama con Pemex, el contrato con Oceanografía no está sujeto a la supervisión por parte de la Secretaria de la Función Pública o la Auditoria Superior de la Federación. En el papel, pues, se trata de un asunto entre particulares. Lo cierto es que en previsión de insólitos como éste, Pemex está declarando como "reservados y confidenciales" los contratos firmados con Oceanografía, bajándose la información, por la pronto, del portal conocido como Compranet.
Esto sólo habla de 27 de ellos pactados a partir del 2009, pero sin especificar los detalles. Se diría, pues, que la paraestatal le quiere lanzar toneladas de tierra al asunto… para no hacer más olas de lodo.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a los analistas, el golpe a Televisa tras la declaración de agente preponderante en su propio mercado por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, llegará a partir del próximo junio, al afectarse sus niveles de audiencia y, desde luego, sus opciones de pactos publicitarios.
De acuerdo a Monex, las ventas al tercer trimestre del año tendrán un crecimiento de 6.8 por ciento, frente al 7.1 del primero.
Sin embargo, la incursión de la compañía en el ámbito de la telefonía, banda ancha y video de paga, podría equilibrar la balanza.
Como usted sabe, la firma es dueña del 50% de Iusacell, quien en los próximos meses lanzará una oferta de velocidad y variedad que le permitirá retar a Teléfonos de México y Telcel. De acuerdo a la regulación asimétrica a que será sometida, la firma de Emilio Azcárraga Jean estará obligada a compartir plantas transmisoras, derechos de vía, torres, sitios, mástiles, fuentes de energía y sistemas de aire acondicionado.
Sus filiales Sky y Cablevisión no podrán aludir el retransmitir las señales que radiodifundan de las instituciones públicas facultadas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y Televisión Metropolitana.
En el caso del "must carry" y "must offer", la empresa deberá pagar a TV Azteca por transmitir en sus redes de paga la señal de los canales 7 y 13.
YA SE LE INVESTIGABA
Aunque, como lo planteó el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pareciera que la paraestatal abrió el primer expediente de implicados en el escándalo de la empresa Oceanografía al iniciarse un procedimiento administrativo contra el ex subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción, Mario Alberto Ávila Lizárraga, en realidad éste se abrió en diciembre pasado.
El ex funcionario, uno de los muchos panistas que llegó a la paraestatal sin más mérito que pertenecer al partido, entregó el contrato que se investiga nueve días antes del final del sexenio, es decir, el 22 de noviembre del 2012.
El pacto se firmó sin la mínima formalidad, es decir, sin que se abriera una licitación pública o se convocara por invitación a por lo menos dos postores más.
El contrato se vence en diciembre de este año.
Lo cierto es que no es el único caso en que se involucra el panista en el banquillo, dado que meses antes le había otorgado otro contrato a la empresa Grupo Empresarial del Sureste, con la novedad de que la esposa de éste era la apoderada legal de esa compañía.
ACUSAN A GRUPO ANDRADE
En otro pleito por falta de pago de créditos, la empresa financiera Daimler Financial Services acaba de demandar al Grupo Andrade.
La acción toma visos de fraude.
Otorgado un crédito multimillonario de la firma a la acusada para la compra de vehículos Mercedes Benz y Freightliner, ésta ha incurrido en una mora recurrente, pese a los esfuerzos de la acreedora por una solución concertada.
Lo grave del caso es que el Grupo Andrade ha dispuesto de los vehículos, que de acuerdo al contrato estaban en depósito hasta su pago total; ha falseado información ante notarios para evitar ser notificada del juicio; ha dispuesto de inmuebles de su propiedad para aparentar insolvencia. Más aún, ha ofrecido inmuebles como moneda de pago que no tienen valor comercial alguno.
La querella se planteó ayer.
