José Luis Abarca, exalcalde de Iguala fue detenido junto a su esposa María de los Ángeles Pineda. (EFE)
En una modesta casa marcada con el número 27 en la avenida Jalisco de la colonia Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, fueron detenidos ayer José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda.
A la llamada "pareja imperial" que gobernó el municipio de Iguala, Guerrero, durante dos años, se le vincula con el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre.
Según la información de fuentes federales, en la operación diseñada por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), el exalcalde y su esposa fueron arrestados la madrugada de ayer por un grupo de élite de la Policía Federal en un domicilio donde se encontraban desde su huida y que rentaron por cuatro meses a una señora, quien fue clave para la captura.
Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde rindieron su declaración.
Abarca, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 30 de septiembre, era buscado por las autoridades federales y estatales de Guerrero por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y por desaparición forzada.
En conferencia de prensa ofrecida ayer por Jesús Murillo Karam, procurador general de la República y Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, se informó que también fue capturada Noemí Berumen Rodríguez, acusada de encubrimiento por facilitar la ayuda a los prófugos para ocultarse.
La captura de la "pareja imperial" de Iguala generó diversas reacciones a nivel nacional e internacional.
El presidente Enrique Peña Nieto confió en que la detención contribuya al esclarecimiento de la desaparición de 43 normalistas.
El asesor jurídico de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, señaló que para los estudiantes y padres de familia, la captura aportará "datos importantes y fundamentales" que ayuden para dar con el paradero de los jóvenes.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) consideró que es un paso adelante, pero insuficiente para solucionar el caso.
