Derecho. Alberto Lara explica que el reglamento debe establecer multas acorde al salario de las personas.
El despacho Consultoría Fiscal y Aduanera S. C. cuenta con la documentación de 12 ciudadanos que buscan ampararse en contra del Reglamento Metropolitano de Movilidad Urbana por considerar que contradice los mandatos constitucionales, mientras que representantes de la Federación de Profesionales y Empresarios Democráticos A. C. harán lo propio para demandar que se incluyan los preceptos del Artículo 21 constitucional. "Para empezar, un reglamento así se debió convocar a una consulta ciudadana y no sólo a asociaciones que no tienen la suficiente representatividad como para tomar decisiones por un gran conglomerado", dijo Efraín Fuentes, representante de la Consultoría Fiscal.
Asegura que la tabla de infracciones contradice lo preceptuado por el artículo 31 fracción IV constitucional que establece que "son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, del Estado y Municipios que residan, de la manera proporcional y equitativa y las multas no son tan equitativas".
Los ciudadanos tienen 30 días hábiles después de la entrada en vigor de un reglamento para ampararse.
Por su parte, Alberto Lara, representante de la Federación de Profesionales y Empresarios Democráticos A. C., demandó a los regidores y autoridades de los cuatro ayuntamientos que se incluyan los preceptos del artículo 21 constitucional, donde queda establecido que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad.
"Aquí se establece que tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente de su ingreso y las multas no dicen eso".
No contestan
Alberto Lara entregó la demanda a los representantes del ayuntamiento a inicios de noviembre, sin recibir respuesta, por lo que hoy presentará un amparo.
