Una de las principales estrategias del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, para tratar de marcar distancia de la administración de su hermano Humberto ha sido la de manejar un discurso a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, el peso del lastre es tan grande y la voluntad en las acciones tan acotada que el esfuerzo aún no logra rebasar las fronteras de la retórica.
Prueba de ello es el caso de la deuda de 36,000 millones de pesos contratada en el sexenio pasado y la presunta red de corrupción que, según autoridades de Estados Unidos, operó al amparo del poder en el gobierno estatal anterior.
Respecto al primer tema, la deuda, el actual gobierno de Coahuila se ha concentrado en publicar los contratos de créditos que tiene la entidad con los bancos. Si bien esto era necesario y obligatorio, aún existen enormes bancos de niebla en torno al asunto. Por ejemplo, la administración estatal no ha explicado, mucho menos documentado, en qué se invirtieron los 18,000 millones de pesos de dichos créditos que no aparecen en las cuentas públicas presentadas por el exgobernador interino Jorge Torres López, prófugo de la justicia estadounidense, en el proceso de entrega recepción.
Coincidentemente, una cantidad igual fue la que el extesorero Javier Villarreal, detenido y bajo proceso en Texas, solicitó sin autorización del Congreso local, aunque fue este mismo órgano el que terminó por legalizar el monto total del endeudamiento al final de la pasada legislatura.
Por otro lado, la Procuraduría de Justicia no ha presentado avances de las supuestas investigaciones que se siguen en torno a la contratación de créditos con documentos apócrifos por un monto de 5,000 millones de pesos. Y aunque el Poder Legislativo creó una comisión ex profeso para indagar sobre la deuda coahuilense, hasta ahora sólo ha sesionado en dos ocasiones y los planes de trabajo y la metodología a seguir son un misterio.
Pero aún más. Luego de las revelaciones en torno a la presunta red de corrupción en la que están involucrados el extesorero Villarreal y el exgobernador Torres, y a través de la cual no sólo se habría extraído recursos de las arcas públicas vía contratos dudosos sino que también se habría lavado dinero procedente del crimen organizado, la estrategia del procurador Homero Ramos ha sido la de evadir cualquier cuestionamiento al respecto o simplemente negarse a conceder entrevistas en actos públicos a los que asiste.
En resumen, mientras en Texas se investiga y se aportan datos relevantes a esta trama, en Coahuila las autoridades guardan silencio.
Como un gran logro de su administración el gobernador Moreira ha calificado la decisión de publicar los padrones de beneficiarios de programas sociales vigentes, disponibles en su página web, lo cual no deja de ser una obligación del gobierno. Sin embargo, muy poco se ha dicho de los padrones de los programas asistenciales de la pasada administración, los cuales fueron operados con discrecionalidad y opacidad, cosa que el propio mandatario ha reconocido. ¿Los ingentes recursos aplicados a esos programas fueron otorgados a las personas que más lo necesitaban? Nuevamente la penumbra.
Pero también en la actual administración hay debilidades en este aspecto. En el Informe 2013 de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, el indicador más bajo de Coahuila es el de la participación social, apenas por encima del promedio nacional, aunque en lineamientos normativos presenta un indicador aceptable. Es decir, por una parte se tienen reglas básicamente claras en los programas, pero por la otra no se garantiza el involucramiento de la ciudadanía en la construcción de los mismos.
Otro ejemplo de debilidad lo ofrece el programa "Ahí viene el Bacheador". En una nota que publica hoy El Siglo de Torreón, de la periodista Perla Sánchez, se consigna que la Secretaría de Infraestructura, a cargo de Francisco Saracho, desconoce el nombre del o los contratistas del programa, en el cual se aplican 247 millones de pesos, y que ya ha presentado quejas por malos trabajos. Al respecto, el secretario de Finanzas, Ismael Ramos, a pregunta expresa de la reportera, dijo "no recordar" el nombre de las empresas.
En medio de estos claroscuros, el Congreso de Coahuila aprobó la nueva Ley de Transparencia que, entre otras novedades, contempla la obligatoriedad de que todos los servidores públicos hagan pública su declaración patrimonial, situación ponderada por el propio gobernador. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir un fallo que obstaculiza este punto al dictaminar que no se puede obligar a los funcionarios a revelar su riqueza y propiedades, asunto tan cuestionado en estos días, porque esto viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Así, uno de los máximos logros de la nueva legislación estatal parece diluirse. Al respecto, el titular de Ejecutivo de Coahuila, en un intento por defender la nueva norma, declaró que el punto quedaría salvado aplicando una restricción en la contratación de nuevos funcionarios quienes, para pertenecer a la administración deberán aceptar la condición de publicar su declaración patrimonial. ¿Pero qué pasa con los servidores públicos que ya trabajan en ella? Sobre esto el gobernador nada dijo.
Con todo, la nueva Ley de Transparencia es considerada por organismos no gubernamentales como la segunda más avanzada del país. Pero esto no es ninguna garantía. Algo parecido se decía de la Ley de Deuda Pública en la pasada administración y ya vimos lo que sucedió.
Y es que en el fondo, la transparencia va más allá de normativas y parámetros, ante los cuales los funcionarios se las ingenian para transitar por los recovecos. La sofisticación de la trampa está a la par de la complejidad de las normas. Para buenos candados, siempre hay mejores cerrajeros. La transparencia no sólo debe estar garantizada en un papel, sino que es necesario que existan mecanismos eficientes que permitan una mayor vigilancia de la ciudadanía sobre el ejercicio del dinero público. Pero no sólo eso. La transparencia sin una auténtica rendición de cuentas sólo redundará en el cinismo de quienes administran los recursos del erario y, con esto, se corre el riesgo de aumentar la desazón y el desánimo de los ciudadanos contribuyentes.
En este sentido, Coahuila ofrece, como otros estados, dos caras en materia de transparencia: una para impulsar leyes consideradas de vanguardia, y otra para ocultar información tan relevante como lo es el destino de los recursos de la deuda y omitir llamar a cuentas a los responsables del desfalco.
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