La información publicada recientemente en torno a la detención en Estados Unidos del empresario Rolando González Treviño ha revivido el controvertido tema sobre el destino que tuvo la deuda de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres López y la presunta participación del primero en el desfalco al erario estatal.
Los fiscales estadounidenses que llevan el caso sugieren que parte del dinero que fue invertido en la compra de empresas y propiedades en ambos lados de la frontera provino de las arcas coahuilenses y que al menos una entrega de recursos habría sido planeada en 2009 en la casa del entonces gobernador. A pesar de esto, el gobierno del estado mantiene firme su postura de que de las finanzas de la entidad no salieron recursos para fines distintos a la administración pública.
Sin embargo, las dudas sobre el destino de la deuda contratada en el sexenio pasado no han sido esclarecidas y las denuncias presentadas por la oposición contra Humberto Moreira por el presunto ejercicio indebido de recursos no registran avance alguno.
Este hecho va en contrasentido con el discurso que ha sostenido el gobernador Rubén Moreira, hermano del polémico exmandatario estatal, en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, uno de los acentos que ha intentado dar a su administración junto con la política de promoción de los derechos humanos, asunto que, dicho sea de paso y a la luz del caso irresuelto de la masacre de Allende, Coahuila, y el de los 1,600 desaparecidos en la entidad, también representa una asignatura pendiente.
Contrario a lo que ha venido defendiendo el gobierno de Coahuila en cuanto a la deuda estatal, en las cuentas públicas de la pasada administración no quedó claro en qué se usó el dinero de los créditos solicitados. El Siglo de Torreón publicó en su edición de ayer una nota de la periodista Lucía Pérez en la que se establece que, de acuerdo al análisis de los estados financieros reportados por la administración Moreira-Torres, hay al menos 18,348 millones de pesos sin aclarar. Es decir, cerca de la mitad de la deuda que contrató la administración pasada. Este faltante fue detectado y reportado desde 2011 y a la fecha ninguna autoridad ha querido dar una explicación.
Ante la ausencia de explicaciones, resulta legítimo y necesario preguntar: ¿adónde fue a parar ese dinero? ¿El dinero al que las autoridades estadounidenses le siguen la pista en los procesos contra el extesorero Javier Villarreal, el exgobernador interino Jorge Torres y ahora contra Rolando González salió de las arcas coahuilenses? La negativa del gobierno actual a investigar el caso alimenta los señalamientos de complicidad y encubrimiento.
En diciembre de 2013, el gobernador Rubén Moreira propuso al Congreso de Coahuila la creación de una comisión especial para indagar si la deuda tuvo algún impacto en el desarrollo social y económico de la entidad. Sin embargo, la constante en la historia de dicha comisión ha sido la dilación y la falta de transparencia. A la fecha no se tiene una ruta crítica a seguir ni claridad en los alcances que tendrá la comisión de legisladores. A lo anterior hay que sumar la negativa del Poder Legislativo para exhortar al Ejecutivo a que investigue lo relacionado con el caso Villarreal y a que reclame el dinero que ha confiscado el gobierno de Estados Unidos.
No obstante, respecto al impacto de la deuda en la mejora de la calidad de vida de los coahuilenses, el informe especial de la Auditoría Superior del Estado de 2012 es contundente: "el aumento de dicha deuda no se ha reflejado en una mayor dinámica de la economía de la entidad, ni tampoco en más y mejores oportunidades de trabajo y bienestar (…). El mayor endeudamiento no coadyuvó significativamente a disminuir las condiciones de pobreza de su población". Por el contrario, la forma en la que se comprometió a las finanzas estatales ha redundado en una disminución del gasto para inversión pública. ¿A quién sí sirvió, entonces, la deuda? Pregunta obligada a la que se niega a dar respuesta el Ejecutivo del estado.
Por si fuera poco, las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional y la Auditoría Superior del Estado, entre 2011 y 2012, en instancias federales y estatales no registran avances. En este asunto, la estrategia de la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha sido la evasión y la falta de respuestas. Mientras que en Estados Unidos fluye con rapidez la información para armar el rompecabezas, en Coahuila se guarda silencio. De este lado de la frontera, la autoridad sólo se ha dedicado a tomar nota de lo que se ha publicado en torno a la presunta red de corrupción que operó en el sexenio pasado para desfalcar a la entidad.
Hace tres años, al inicio de la administración, el gobierno de Rubén Moreira y sus defensores sugirieron a los coahuilenses darle vuelta a la página de la deuda. Pero frente al cúmulo de dudas e interrogantes y ante la inmovilidad de quienes deberían velar por el bienestar de todos, es imposible hacerlo. En esta página negra de la historia política de Coahuila aún hay mucho por escribir.
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