Cada día se complica más la relación entre el gobierno federal y las autodenominadas autodefensas que ya tomaron el control de amplias zonas del estado de Michoacán. El gobierno federal interactúa erráticamente con los integrantes de estos grupos, que evidencian el colapso del Estado mexicano, y lo mismo los persigue y encierra que los protege y cobija para tratar de abatir los niveles de violencia e inseguridad en la entidad.
Estos grupos armados, que presuntamente surgieron para defender a la población de los embates del crimen organizado, empiezan a enfrentarse entre sí y colocan en un predicamento al delegado Alfredo Castillo, que un día dialoga con ellos y al siguiente justifica su encarcelamiento por su presunta participación en actividades delictivas.
La conformación de estos grupos es en sí mismo un desafío para el Estado Mexicano y, aunque surgieron en febrero del 2013, empezaron a cobrar notoriedad en octubre del año pasado cuando su crecimiento los llevó a enfrentarse con grupos de la delincuencia organizada y, finalmente, en enero de este año cuando se aprestaban a tomar Apatzingán (territorio controlado por los Caballeros Templarios), la violencia llegó a tal grado que obligó al gobierno federal a la designación del delegado.
En su primera incursión en territorio michoacano las fuerzas federales intentaron desarmar a las autodefensas y, en dicho intento, provocaron enfrentamientos que causaron un par de muertes de inocentes, por lo cual optaron por firmar un acuerdo con ellos y establecer un plan de acción concertado, que ha llevado a una colaboración que ha permitido la captura o abatimiento de varios de los líderes de los Caballeros Templarios, entre los cuales destaca la muerte de Nazario Moreno "El Chayo", identificado como el principal capo de dicho cártel, el pasado domingo 9 de marzo.
Sin embargo, paralelo a estos resultados, también empiezan a conocerse los antecedentes delictivos de los principales líderes de las autodefensas y se multiplican los conflictos entre ellos, lo cual incrementa las dudas y reservas de su autenticidad y, desde luego, de la conveniencia de mantener la colaboración.
Aunque explicable la existencia de las autodefensas por el fracaso del Estado Mexicano para garantizar la seguridad y la desesperación de la población ante los embates del crimen organizado, jamás podrán justificarse pues su mera existencia atenta contra el estado de derecho y obviamente rompe con el principio de que es el Estado el que detenta el monopolio del uso de la fuerza pública.
Pero más allá de los impactos negativos sobre varios elementos indispensables de la democracia, tampoco pueden predecirse las consecuencias futuras sobre las vidas de las comunidades, a las que dicen deberse y servir, dado que al mantenerse por el uso arbitrario y discrecional de la fuerza en cualquier momento pueden actuar en contra de inocentes.
Y las preocupaciones crecen cuando se conoce que varios de los líderes de estos grupos tienen antecedentes delictivos y que todos los delincuentes capturados o abatidos corresponden a un cártel, mientras el resto permanece intocado, lo cual acrecienta la posibilidad de que en realidad sean grupos al servicio de algunos de estos grupos de la delincuencia organizada.
Aunque los primeros síntomas de esta situación se difundieron desde mediados de enero, tras el accidente del líder más visible, Juan Manuel Mireles, cuando se dio a conocer en el diario Excélsior que en 1988 había sido detenido con 86 kilos de mariguana y en 1991 fue condenado por delitos contra la salud a siete años y tres meses, aunque al final únicamente cumplió tres años y ocho meses.
Poco después, a principios de febrero, el periódico Reforma publicó que existían órdenes de aprehensión en contra de Juan José Farías "El Abuelo" por diversos delitos; se le vinculaba a Zheli Ye Gon y a otros narcotraficantes y se divulgó que pasó seis años en prisión. Incluso el mismo procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que se investigaban los presuntos nexos de los grupos de autodefensa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El sábado 15 de marzo, el diario Reforma publicó que Luis Antonio Torres "El Americano" es incriminado de encabezar en la zona de Buenavista al cártel H3; que Roldán Álvarez, ex alcalde de Apatzingán, lidera un grupo de extorsionadores, algunos de ellos detenidos el pasado 20 de febrero; y, desde luego, la detención de Hipólito Mora, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno "El Pollo" y de José Luis "Nino" Torres y que se dice que tiene 35 denuncias en su contra y antecedentes penales en Estados Unidos.
Los líderes de los dos grupos de autodefensas que se desafiaron en La Ruana la semana pasada son precisamente Mora y "El Americano", ambos, como se puede ver, con antecedentes penales y con indicios de vinculación con alguno de los cárteles. Pero no son los únicos líderes de los grupos (que de la mano del gobierno federal, continúan tomando territorios del estado de Michoacán) que tienen antecedentes penales y que son acusados de vínculos con los cárteles de la droga.
Hoy más que nunca es pertinente preguntarse si están tomando esos territorios para protegerlos de la delincuencia organizada o para hacer florecer sus actividades delictivas en la región. Por lo pronto, la colaboración del gobierno federal, a través de su delegado en Michoacán, con las autodefensas encabezadas por personajes con antecedentes penales parece una estrategia equivocada, más allá de los aparentemente buenos resultados inmediatos.
