Escándalo. La actriz mexicanaSalma Hayek y su marido,François-Henri Pinault, desean comprar una finca en la provincia de Cádiz.
Salma Hayek se ha visto envuelta en una polémica sin quererlo. El pasado martes a las 10:00 horas, acompañada por su marido, el empresario multimillonario francés François-Henri Pinault, visitó la finca La Almoraima, el mayor latifundio de España, situado en la provincia de Cádiz (sur del país). Y tras sobrevolar las más de 14 mil hectáreas que conforman la finca, a bordo de un helicóptero que rentó y por el que pagó 10 mil euros (180 mil pesos), se reunió con Isabel Ugalde, directora gerente de Almoraima S.A., sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de Mariano Rajoy (conservador Partido Popular, PP) encargada de explotar el latifundio.
Durante la reunión la pareja le manifestó su deseo de adquirir la propiedad al estado español, que la ha puesto a la venta por 300 millones de euros (más de 5 mil 400 millones de pesos).
Sin embargo, la visita y sobre todo el interés por la compra ha provocado una enorme polémica en la localidad y una batalla política entre el gobernante Partido Popular, que quiere vender, y La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y quien se opone a la venta junto con los vecinos, el ayuntamiento de Castellar de la Frontera, que es al que pertenece, y las organizaciones ecologistas. Todos aseguran que 90% de las más de 14 mil hectáreas que ocupa están dentro del Parque Natural Los Alcornocales, uno de los parques naturales más valiosos y más bellos de Europa y de enorme valor medioambiental, que además ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Zona de Especial Conservación por la Directiva Hábitat de la UE. Y consideran que es patrimonio de los ciudadanos, y el Estado no se debe deshacer de ella.
Ni la actriz mexicana ni su marido especificaron el uso que le darían al espacio, que en la actualidad se dedica a la agricultura, la ganadería y tiene explotación cinegética y de corcho, pero se sospecha que el objetivo de los compradores es edificar un complejo de hoteles y fraccionamientos de lujo.
Ese también era el plan inicial del Gobierno central que preside Rajoy. La idea, defendida por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, era vender a una empresa privada la finca, expropiada a la familia Ruiz Mateos en 1983 y que ahora pertenece a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Y permitir que en las mil 350 hectáreas que la finca tiene fuera del Parque Natural -actualmente dedicadas a la agricultura, la ganadería y con un pequeño hotel de una veintena de habitaciones-, se pudiera construir un hotel de lujo, dos campos de golf, un aeródromo privado y un campo de hípica.
Sin embargo, el ayuntamiento con su alcalde, Juan Casanova a la cabeza, y la Junta de Andalucía no sólo lo rechazaron, sino que para evitarlo, la Junta de Andalucía extendió los límites del parque para que abarcara la totalidad del latifundio, y prohibió un uso distinto de los actuales, decisiones que han rebajado su precio a unos 180 millones de euros.
