Análisis. Rancho de la familia Padrés en Bacanuchi, Sonora. será vigilado por la Conagua.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) investigará si la presa construida en los terrenos del rancho Pozo Nuevo cuenta con los permisos y concesiones a que obliga la ley.
En caso contrario, la Conagua incluso podría proceder a la demolición de la obra, la clausura y la liberación del agua, aseguró el director del organismo, David Korenfeld.
En conferencia de prensa, el funcionario exhibió imágenes satelitales de la presa que se alimenta del agua del arroyo El Manzanal y el río Bacanuchi para documentar el proceso de construcción de la obra, que habría arrancado en 2011, de acuerdo con las fotografías tomadas a través del Sistema Nacional de Información Ambiental, de la Semarnat.
Korenfeld anunció que el personal de Conagua realizaría una inspección a la obra entre la tarde de ayer y hoy para determinar "campo, superficie, cantidad y características físicas de la obra". Con base en lo anterior, la autoridad solicitará a los propietarios, "sin importar quiénes sean", los permisos y concesiones que exige la Ley Nacional de Aguas, su reglamento, y la Ley de Procedimiento Aministrativo.
Los delegados estatales de la Conagua, la Profepa y la Semarnat aseguraron que la presa está construida en terrenos que pertenecen al gobernador Guillermo Padrés. Éste, a su vez, pidió la renuncia de los funcionarios federales y en un comunicado de prensa acusó "interés político".
Korenfeld, por su parte, aseguró ayer que este asunto "no va más allá de preservar el agua" y respetar la Ley de Aguas Nacionales. "No estamos juzgando a nadie", aseguró.
Informó también que solicitó al órgano de control interno de la Conagua "que verifique" la actuación de sus funcionarios actuales "y de todos los que algún momento intervinieron en este proceso".
Durante la visita de inspección a la presa, la Conagua determina si la obra cumple con la ley respecto del uso de las aguas nacionales superficiales y subterráneas, la ocupación de zonas federales y de los cauces de propiedad nacional.
También determinará si no hay afectación a derechos de terceros, de los usuarios de aguas superficiales de esta cuenca, "principalmente a los usuarios de Hermosillo y de la zona de riego en ruta del río.
"En el caso de que las obras no cuenten con los permisos, concesiones o afecten a terceros y/o representen un posible riesgo a la población, se procederá a lo que establece la Ley de Aguas Nacionales, que va de la clausura, la liberación del recurso para los usuarios que debidamente tienen el derecho, y en el caso de que no se cuente con los permisos se ordenará la demolición de la presa", advirtió Korenfeld.
