El 6 de marzo de 1994, 17 días antes de ser asesinado, Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, ofreció un discurso en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. El discurso es famoso por la crítica que hace de la realidad social y política del país en ese momento. Muchos políticos, de distintos partidos, han hecho referencia a esta interesante pieza retórica y la han parafraseado a conveniencia. Una frase en la que Colosio puso especial énfasis fue: "¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad!".
Han pasado dos décadas desde que Colosio pronunció el discurso. Han pasado dos décadas desde que el candidato fue asesinado. Luis Donaldo es hoy uno de los políticos mexicanos más citados y respetados. La muerte prematura que truncó su proyecto no ha impedido el crecimiento de su fama. Muchos dicen tomarlo hoy como modelo. Cada vez que pueden, los integrantes del sistema político mexicano honran con elogios la memoria del sonorense. Sin embargo, tal unanimidad en la reverencia no ha servido hasta ahora para avanzar en un camino que apenas había comenzado a trazar. Y aunque, ciertamente, México es distinto al de hace 20 años, algunos problemas, como la corrupción, persisten incluso luego de la alternancia en el poder. Basta citar algunos casos para darnos cuenta de ello.
Uno de los temas que más ha acaparado espacio dentro de la agenda nacional en las últimas semanas es el de Oceanografía, empresa consentida de la paraestatal Petróleos Mexicanos durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y que hoy está intervenida por autoridades federales debido a un caso de presunto fraude contra Citigroup. A raíz de este proceso, y como si se tratara del destape de una cloaca, han surgido acusaciones que van desde la omisión de pagos hasta la entrega de contratos irregulares. En la última década, el monto de los contratos dados a la empresa alcanzó los 46 mil millones de pesos.
Otro de los asuntos que ha despertado polémica en la República es el de los supuestos cobros de "comisiones de gestión", es decir, sobornos, a alcaldes a cambio de la entrega de recursos de fondos de la Federación. Si bien las acusaciones se han centrado en políticos panistas, incluyendo al dirigente nacional albiazul, Gustavo Madero, los señalamientos ya alcanzaron también al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
Ligado, al menos indirectamente, a este tema está el de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio 2012 de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados. El dato, revelado recientemente, es contundente. Sólo una de las 32 entidades se salvó de observaciones en el uso del dinero. Los probables daños al erario federal alcanzan los 807 millones de pesos por desvíos y malgasto. Además, hay otros dos mil 27 millones de pesos cuya aplicación está sin aclarar o justificar. Se trata de casi el 30 por ciento del total del dinero asignado al fondo en ese año.
Pero también en los ámbitos gubernamentales más cercanos a los ciudadanos hay casos de escándalo. En Coahuila, la deuda de 35 mil millones de pesos contratada por la administración priista de Humberto Moreira y Jorge Torres, podría servir como símbolo de la corrupción: documentos apócrifos, actos jurídicos simulados, decretos falsos, ocultamiento de información y 18 mil millones de pesos que no aparecen en el balance final de las cuentas públicas.
En lo que respecta a los municipios, llama la atención que en los últimos cinco años la Auditoría Superior del Estado de Coahuila ha presentado 60 denuncias penales por observaciones no solventadas contra funcionarios municipales y que hasta ahora nada se sepa de los avances en los procesos que se siguen en la Procuraduría de Justicia. Algunas de estas denuncias corresponden a los sistemas de agua, los cuales se han convertido en una especie de agujeros negros en los que, pese a tratarse de monopolios, se opera en constante déficit y con todo tipo de deficiencias. Y esta situación no es privativa de La Laguna de Coahuila, en donde los Simas de Torreón y Matamoros se encuentran en crisis, sino que también se registra del otro lado del río Nazas, con el Sapal de Lerdo y el Sideapa de Gómez Palacio.
Podríamos llenar planas enteras mencionando casos de corrupción a lo largo y ancho del país; sirvan los anteriores sólo como algunos ejemplos. Ahora bien, la realidad reflejada en los números da cuenta de la gravedad del problema. Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, la corrupción cuesta a la República 120 mil millones de dólares al año, lo que equivale al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En nuestro país, sólo el 4.2 por ciento de los casos de corrupción se castiga, de acuerdo a un estudio de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Con todo lo anterior, no es de extrañar, pues, que México se encuentre entre los 34 países más corruptos del orbe, según la lista de Transparencia Internacional. Y esto es, como lo decía arriba, luego de la alternancia, que no ha hecho sino democratizar la corrupción a todos los partidos. Y el problema parece seguir avanzando aunque el combate a este flagelo haya sido una de las banderas que enarboló el presidente Enrique Peña Nieto durante su campaña. La normatividad se ha endurecido, las leyes se han ajustado, pero el sueño de Colosio de cerrarle el paso a la corrupción está muy lejos de cumplirse.
Antes de agregar más alabanzas al saco "sagrado" de Luis Donaldo, habría que revisar qué se ha hecho para cumplir su proyecto y su visión, unánimemente elogiados. Sospecho que después de la revisión, lo más prudente sería quedarse callado.
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