La corrupción es tan antigua como la civilización misma. De acuerdo con su etimología latina, corrupción (corruptio) significa la acción o efecto de romper o pudrir algo hasta transformar su propia naturaleza. Un servidor público deja de serlo cuando se corrompe. En lugar de cumplir su misión, abusa de su posición para obtener un beneficio particular. Una buena parte de las instituciones en este y otros países "funciona" bajo el halo siniestro de la corrupción. Hace falta mucho más que un discurso para acotar -ya no digamos eliminar- este cáncer de la vida pública de nuestras sociedades.
La Historia nos muestra numerosos ejemplos de "célebres" personajes corruptos que se han vuelto contra comunidades enteras a las que habían jurado representar o servir. Uno de ellos, Mario Prisco, procónsul romano de África en los años 98 y 99 de nuestra era, fue procesado por concusión, es decir, por extorsionar sistemáticamente a los habitantes de la provincia que gobernaba. Plinio el Joven, defensor de los africanos afectados, y el historiador Cornelio Tácito describieron y censuraron las fechorías de Prisco ante el Senado en un notable discurso. Sin embargo, el castigo aplicado -una multa de 700 mil sestercios y el exilio- es para el poeta satírico Décimo Junio Juvenal insuficiente a la luz de la exacción cometida por el procónsul. "¿Qué importa la infamia si las monedas están a salvo? Mario, desterrado, bebe desde la hora octava y disfruta de la ira de los dioses; y tú, provincia victoriosa, lloras", cuestiona ácidamente Juvenal en su Sátira primera. Y como Mario Prisco… hay muchos otros hasta nuestros días, en nuestras regiones.
Desde hace décadas hemos venido escuchando a los políticos mexicanos hablar sobre el combate a la corrupción. El expresidente Vicente Fox, abanderado de la derecha partidista y primero en lograr la alternancia política en México, hablaba, con su característica retórica pedestre, de aplastar a las "tepocatas y víboras prietas" en alusión a los políticos del otrora partido de Estado. Su sucesor, Felipe Calderón, se comprometió a ir contra los "peces gordos" de la corrupción. El actual presidente, Enrique Peña Nieto, del ahora indefinido PRI, prometió en su campaña crear una Comisión Nacional Anticorrupción, obligado por las duras críticas que le lanzó un sector de la ciudadanía cuando era candidato. Pero más allá del discurso, poco o nada ha cambiado.
En 2013, Transparencia Internacional ubicó a México en el nada honroso lugar 106 de 177 países en percepción de corrupción, en una lista que encabezan Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, como las naciones menos corruptas. Nuestro país aparece por debajo de países con amplia tradición en el tema, como Italia, Sudáfrica, Colombia e India. La alternancia en México no sólo no acotó al monstruo, sino que, en muchos casos, lo alimentó. Las denuncias al interior del PAN sobre el presunto cobro de cuotas a alcaldes para la entrega de recursos de programas federales no hacen sino confirmar que las prácticas instauradas por el PRI fueron extendidas a los demás partidos. Michoacán, un estado gobernado muchos años por el PRD, de supuesta izquierda, y ahora por el PRI, es un claro ejemplo de los alcances destructivos de la corrupción, tal y como analiza René Delgado en su artículo del sábado, publicado en estas mismas páginas.
En el ámbito nacional, el reporte más reciente del Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana ubica a Coahuila en el sitio 18 de las 32 entidades federativas, de un listado que encabeza Baja California Sur como el estado con menor percepción de problemas al respecto. Un factor que en nada contribuye para mejorar la percepción en este sentido en Coahuila es la ausencia de explicaciones y responsabilidades respecto a la contratación y manejo de los créditos por 35 mil millones de pesos solicitados y ejercidos, en parte de forma ilegal, por la administración estatal Humberto Moreira-Jorge Torres. Tampoco abona la realización de operativos de retiro de vehículos sin placas o con placas vencidas, mientras se perdona a decenas de miles de propietarios de autos ilegales que portan logotipos de asociaciones que negocian en privado con autoridades y partidos bajo la sombra eterna de los procesos electorales. La determinación, claridad y equidad en estos asuntos siguen siendo asignaturas pendientes del actual gobernador, Rubén Moreira.
Pero quizás el ámbito en el que más se refleja la corrupción institucional es el de las corporaciones policiacas municipales. El "moche", la "mordida" y el "tequiliú", constituyen hoy neologismos socialmente reconocidos por estar vinculados a prácticas comunes de agentes y mandos medios y superiores de las policías preventiva y de tránsito. Al respecto, el propio alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, ha reconocido la existencia de esta plaga. Son varios los llamados que el munícipe ha hecho en su arranque de gobierno relacionados a evitar la corrupción en las instituciones. Primero, frente a los agentes de tránsito; luego ante los policías municipales, y más recientemente, frente a los funcionarios del Tribunal de Justicia Municipal. Con matices, en los tres discursos la moción ha sido en esencia la misma: instar a los servidores públicos a eliminar el soborno, actuar apegados a la ley y respetar los derechos de los ciudadanos.
Con una franca intención de impactar de forma mediática, Riquelme ha lanzado frases como "no más mordidas" y "los convoco a servir y no a servirse". Sin embargo, hasta ahora el alcalde no ha explicado cuáles serán los mecanismos que utilizará para combatir la corrupción, no sólo de la Policía Municipal, la Dirección de Vialidad y el Tribunal de Justicia, sino también de otras áreas susceptibles a la práctica del soborno y la extorsión, como son Inspección y Verificación, Obras Públicas, Simas y Protección Civil, por mencionar algunas.
Si algo nos ha enseñado la Historia en este tema es que el combate a la corrupción requiere mucho más que retórica. Es iluso pensar que puede erradicarse este flagelo por completo. Pero lo que sí se puede hacer es subirle el costo, de manera que sea más difícil cometer la ilegalidad que evitarla y sancionarla. Sin castigos ejemplares a quienes han incurrido y siguen incurriendo en estas nocivas prácticas, ni instituciones fuertes de observancia y rendición de cuentas, los "Mario Prisco" continuarán proliferando en nuestra época y en nuestro entorno.
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