El descubrimiento de una red en Pemex, dedicada al tráfico de asfalto en apoyo de Estados y Municipios que es desviado como gasto electoral en favor del PRI, obliga a considerar la postura del sistema político y de los mexicanos en general, frente al fenómeno de la corrupción en todas sus formas.
De acuerdo a información publicada en El Siglo de Torreón esta semana, el mal uso de los recursos opera en dos vertientes: la primera en cuanto a que los programas de pavimentación y bacheo se sujetan al calendario electoral y la segunda, que en la asignación concreta de esos recursos medie el pago de una comisión en favor del intermediario, que a la postre se destine al gasto electoral del PRI.
A nivel local en nuestra Ciudad de Torreón y Estado de Coahuila, existe una tercera vertiente que tiene que ver con la falta de transparencia en los programas de esta naturaleza, que aparecen de manera fugaz antes de las elecciones para desaparecer en cuanto pasan los comicios y que operan con evidente ineficiencia y en la más obscura opacidad.
El problema es grave porque revela que a menos de dos años de su regreso al poder, el PRI reinstala la corrupción como elemento esencial del sistema político, lo que desde luego implica un lamentable retroceso.
No es que la gestión de los gobiernos panistas o perredistas esté exenta de actos de corrupción, pero constituyen hechos aislados que siendo condenables, son cometidos por defecto. En el caso del sistema priista viejo o nuevo, la corrupción se erige en estructura perniciosa, motor y causa funcional de la política, y así lo revelan las declaraciones de Fernando Bustillo y Manuel Ruiz, que aparecen como gestores de enlace o "coyotes", entre Pemex y los gobiernos locales y municipales priistas.
De acuerdo a las declaraciones en cita, los propios gestores confiesan con cinismo que los corruptos que existen en otros partidos trabajan para sí mismos, y en cambio en el caso priista se advierte la "unión" entre personas e instituciones que malversan dinero público y lo "comparten", para las campañas del tricolor.
La preocupación frente a este nuevo Pemexgate se agiganta en el marco de recientes declaraciones hechas por el Presidente de la República, en una entrevista desahogada a modo en Los Pinos, bajo la dirección del Director del Fondo de Cultura Económica metido a director de comunicación de la oficina presidencial, en la que el Peña Nieto se allana ante la fuerza de la corrupción imperante, al asegurar que "es parte de la naturaleza humana...".
Es cierto que el mal contamina a la naturaleza humana, pero también forma parte de la humana naturaleza el anhelo del bien que activa el resorte de la lucha en pos del mejoramiento personal y colectivo, siempre posible y siempre perfectible.
El pronóstico derivado de la operación de los programas sociales asociada al desarrollo del robo estructural de recursos públicos, apunta a mediano plazo a un crecimiento exponencial de la masa de población que carece de motivación y aptitudes para el trabajo productivo, que sobrevive de lo que afana del gasto electoral, mientras los más aptos luchan por sostener el aparato de producción de bienes y servicios o pasan a engrosar las filas de la burocracia.
Uno de los argumentos disuasivos que debe llevarnos a combatir las corrupción en todos los frentes, deriva de las experiencias del desorden financiero vivido a finales del siglo pasado: los malos gobiernos priistas de aquel entonces arrastraron a la sociedad mexicana a las sucesivas crisis económicas de 1976 con Luis Echeverría; de 1982 con José López Portillo; de 1987 con Miguel de la Madrid y de 1994, en la transición entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Con todo y las reformas estructurales conseguidas y por aterrizar, las amargas experiencias referidas con anterioridad, enseñan que si no ponemos orden en la moral y en las finanzas de nuestra vida pública, nos espera otra catástrofe económica. Sólo es cuestión de tiempo.
