Contrario a todo el discurso oficial, durante el 2013 (primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto) crecieron la incidencia delictiva y la impunidad; esto al margen de las matanzas (Tlatlaya, Estado de México e Iguala, Guerrero) que sacudieron al país en los últimos días. Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, que aplica el Inegi desde el 2010.
De acuerdo a los resultados que arroja la encuesta aplicada del 4 de marzo al 25 de abril del presente año, en 95,516 viviendas distribuidas en todo el territorio nacional, la incidencia delictiva (tasa de delitos por cada 100 mil habitantes) creció en el 2013, con respecto al 2012, 18.3%, pero si se calcula con respecto al 2010, el incremento es de 36.1%.
Al hacer un análisis por estados o por delitos se puede observar todavía de manera más clara de la evolución y tendencia de la inseguridad en el país. El delito más extendido es el robo o asalto en la calle o en el transporte público, cuya incidencia creció en 22.5%, para alcanzar una tasa de 12,294; el segundo es la extorsión, que se incrementó en 29.1%, para llegar a los 9,790 delitos por cada 100 mil habitantes. Y aunque el secuestro es uno de los delitos con menor incidencia (110 secuestros por cada 100 mil habitantes), el número absoluto es aterrador, pues en el 2013 se perpetraron 131,946 secuestros, es decir, en el país se secuestra a 15 personas por hora; 361.5 diariamente.
Cuando la revisión se hace a nivel de las entidades federativas nuevamente aparecen algunos datos muy ilustrativos de la realidad de la inseguridad en el país. El caso más significativo es el del Estado de México, donde la incidencia delictiva creció 63.9% entre el 2013 y 2012, para llegar a la alarmante cifra de 93,215 delitos por cada 100 mil habitantes; pero Baja California, con 57,066, y el Distrito Federal, con 51,786, también presentan cifras que son muy aterradoras. Cuando la revisión se hace sobre el número de víctimas, pues hay personas que son víctimas de varios delitos, resulta que en el Estado de México la tasa de víctimas (número de víctimas por cada 100 mil habitantes) es de 47,778, es decir, prácticamente uno de cada dos habitantes de dicho estado fue víctima de un delito durante el 2013; en el caso de Baja California, fueron 4 de cada 10; y, en el DF, 3 de cada 10.
Y, en el caso de la impunidad el problema se agudiza porque la encuesta revela que disminuye el porcentaje de víctimas que denuncian los delitos, al pasar de 12.2% a escasamente el 9.9, es decir, menos de una décima parte; pero se agrava porque también la capacidad de respuesta de la autoridad disminuye y, de los pocos delitos denunciados, se inicia averiguación previa en el 62.7% de los casos; de éstos, únicamente en el 21.5% de los casos hubo alguna respuesta positiva para el agraviado (recuperó los bienes, consignaron al delincuente, o bien, otorgó el perdón al delincuente); esto equivale a que de los 33.1 millones de delitos que se cometieron durante el 2013, en toda la República, únicamente el 1.3% (430 mil) fueron resueltos favorablemente para la víctima.
Entre las razones por las que las víctimas no denuncian los delitos el 65.6%, es decir, las dos terceras partes son por causas atribuibles a la autoridad, entre las que se encuentran: miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o actitud hostil de la autoridad. Todavía es más comprensible esta información cuando se conoce que únicamente el 42.5 de la población confía (algo o mucho) en los ministerios públicos y procuradurías estatales; el 47.4 en los jueces; y el 51.4 en la PGR.
Esto ayuda a entender que la cifra negra (porcentaje de delitos en los que no se inició averiguación previa por parte del Ministerio Público, sea porque no se denunció o el MP consideró que no contaba con elementos para hacerlo) llegue al 93.8%, es decir, para efectos prácticos únicamente en seis de cada 100 delitos se inicia una averiguación previa. Esta cifra contrasta muy desfavorablemente con el 61% que prevalece en Inglaterra y Gales; el 63%, de Estados Unidos; o el 69%, de Canadá.
Es evidente que la falta de confianza en las autoridades provoca que un muy alto porcentaje de delitos no se denuncie (nueve de cada 10 delitos); la ineficacia del Ministerio Público conduce a que se inicie averiguación previa en seis de cada 10 denuncias y que de éstas seis que se inician, únicamente una termine en resultados favorables para la víctima. Esa es la cadena que conduce a un tobogán interminable en el que el alto índice de impunidad (nueve de cada 10 delitos, pues únicamente se resuelve positivamente 1.3% de los delitos) provoca una mayor incidencia delictiva y esto incrementa ineficacia de las autoridades y, así sucesivamente.
Este ciclo sigue presente en México, por más que el discurso oficial pretenda acallarlo, y los hechos violentos de Tlatlaya e Iguala, no es más que la expresión más grotesca de la inseguridad imperante en México, pero no una burbuja o un evento esporádico o sorpresivo, sino simplemente más visible. Nunca ha habido un parteaguas o un cambio de tendencia.
